La justicia italiana interviene Glovo por explotar a miles de repartidores
Durante años, el reparto a domicilio se ha vendido como sinónimo de flexibilidad, tecnología y oportunidades para quienes buscaban ingresos rápidos. Pero en Italia, esa narrativa acaba de chocar de frente con los tribunales. La justicia ha decidido intervenir Glovo, una de las plataformas más emblemáticas del sector, al considerar que su modelo de negocio se ha sostenido sobre la explotación sistemática de miles de repartidores.
La medida es contundente: Foodinho SRL, la filial italiana de Glovo, ha sido puesta bajo supervisión judicial a petición de la Fiscalía de Milán. Un administrador judicial controlará la empresa mientras avanza la investigación por presunta explotación laboral agravada. No se trata de una sanción simbólica ni de un aviso retórico, sino de una intervención directa para frenar lo que los fiscales describen como una situación de ilegalidad prolongada.
El decreto, al que ha tenido acceso EL PAÍS y emitido por la vía de urgencia, parte de una convicción clara: existen indicios sólidos de que Glovo ha construido en Italia un sistema de gestión basado en salarios por debajo del umbral de la pobreza, jornadas extenuantes y una vigilancia constante de los repartidores a través de la aplicación. Un modelo que, según la Fiscalía, se aprovecha de la vulnerabilidad de trabajadores en su mayoría extranjeros.
La investigación apunta directamente a la cúpula de la empresa. Óscar Pierre, fundador de Glovo y máximo responsable de Foodinho, está siendo investigado por haber organizado —presuntamente— un esquema laboral abusivo que afecta a unos 40.000 repartidores en Italia, 2.000 de ellos solo en Milán. El mensaje judicial es inequívoco: la innovación tecnológica no puede servir de coartada para eludir derechos laborales básicos.
Un modelo bajo sospecha
Los testimonios recogidos por los fiscales dibujan un escenario difícil de ignorar. Repartidores que cobran alrededor de 2,50 euros por entrega, que trabajan seis o siete días a la semana y que, para llegar a fin de mes, encadenan jornadas de hasta 12 horas. Todo ello asumiendo los costes de bicicletas, mantenimiento y riesgos en carretera, sin protección adecuada y bajo cualquier condición climática.
Aunque Glovo clasifica a sus riders como trabajadores autónomos, la Fiscalía sostiene que esa figura es puramente formal. La asignación de turnos, la fijación indirecta de horarios y la geolocalización constante indican, según los investigadores, una relación laboral encubierta. En la práctica, los repartidores operarían como empleados sin disfrutar de los derechos que la ley italiana reconoce a estos.
El control descrito por los trabajadores va más allá de un simple seguimiento logístico. “Si llegas tarde o te detienes, te escriben para pedir explicaciones”, relatan algunos riders. La aplicación no solo reparte pedidos: marca ritmos, penaliza comportamientos y condiciona ingresos. Una supervisión algorítmica que convierte la supuesta flexibilidad en una ficción.
Salarios de miseria y pobreza laboral
Uno de los elementos más graves señalados por la Fiscalía es el nivel de las retribuciones. En algunos casos, los ingresos de los repartidores serían hasta un 80% inferiores a los establecidos en los convenios colectivos. El resultado es una forma de pobreza laboral que obliga a trabajar más horas para ganar menos, atrapando a los riders en un círculo de precariedad.
Para los fiscales milaneses, este esquema no es accidental. El informe habla de un sistema que “se aprovecha de la situación de necesidad de los trabajadores”, muchos de ellos migrantes con escasas alternativas laborales. La explotación, subrayan, no es puntual, sino estructural y sostenida durante años.
Glovo, entre el cambio en España y el choque en Italia
La intervención judicial en Italia contrasta con el giro anunciado por Glovo en España, donde a finales de 2024 la empresa comunicó que abandonaría el modelo de falsos autónomos para contratar a sus repartidores como asalariados. Un movimiento forzado por el endurecimiento de la regulación laboral, pero que ahora deja a la multinacional expuesta a una pregunta incómoda: ¿por qué ese cambio no llegó antes a otros países?
Foodinho seguirá operando mientras dure la investigación, pero bajo una vigilancia estricta. El administrador judicial supervisará las cuentas, controlará las decisiones estratégicas y exigirá la corrección de prácticas ilegales. Cada paso relevante deberá contar con su autorización y será reportado al juez.
El fiscal Paolo Storari, conocido por investigaciones similares contra grandes marcas del lujo y la logística, lanza con este caso un mensaje que trasciende a Glovo. La justicia italiana parece dispuesta a cuestionar de raíz un modelo de plataformas que ha crecido rápido, pero a menudo en los márgenes de la ley. @mundiario
