La justicia europea crea a medida del Santander una nueva doctrina Botin

El Tribunal Supremo decidió en el 2007 que una persona no podía ser juzgada si solo pedía la apertura del juicio la acusación popular y no el Fiscal ni las personas perjudicadas. De este modo Emilio Botín se libró de ser juzgado por el asunto de las cesiones de crédito comercializadas por el Banco Santander. Claro es que en el 2008 el Tribunal modificó su doctrina y condenó por desobediencia judicial al Presidente del Parlamento vasco, Juan Mari Atutxa (PNV) por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. Porque, como ya sabrán a estas alturas, en el Estado español, lo mismo que en la “Animal Farm” de George Orwell, todos somos iguales, pero algunas  son más iguales que otras.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desarrollado en los últimos años un gran trabajo a favor de los derechos de los consumidores, corrigiendo graves errores de las leyes y de la jurisprudencia españolas, como en la irretroactividad de la nulidad de las cláusulas de suelo o en la necesidad de analisar condiciones contractuales abusivas en las ejecuciones hipotecarias sofridas por las personas consumidoras.

Pero el 5- M el TJUE resolvió que los accionistas del Popular no pueden reclamar del Santander (que adquirió por un euro el negocio bancario del Popular en el marco de la liquidación de este banco acordada por la autoridad bancaria europea el 7 de junio de 2017) la restitución de lo invertido por la compra de acciones en la ampliación de capital emitida por el Popular en mayo de 2016, a pesar de que acrediten la nulidad de esa compra por error sustancial en el consentimiento expresado en el momento de comprar las acciones. El TJUE se basa en una Directiva europea de 2014 que ordena que los accionistas han de asumir las pérdidas de una liquidación bancaria. Principio jurídico que es correcto, pero que hasta ahora se interpretaba por el 95% de los Juzgados y Audiencias del Estado español en el sentido de que esa responsabilidad no perjudicaba el ejercicio de acciones de nulidad o indemnizadoras por el hecho casi generalmente aceptado de la muy insuficiente y defectuosa información ofrecida en el 2016 por el Popular con ocasión de la emisión de su am pliación de capital, como ya habían dicho los Tribunales españoles en las sentencias de las reclamaciones por la salida a Bolsa de Bankia en el 2012 y por la pérdida de valor parcial de las preferentes y subordinadas.

El TJUE díce que la protección de los inversores es un principio esencial del Derecho europeo, pero que la estabilidad bancaria es preferente. Pero ésta queda también muy deteriorarada con esta sentencia, ya que invertir en Bolsa comprando acciones de bancos será mucho más arriesgado que comprar eléctricas o constructoras, cuando las necesidades internacionales de capitalización bancarias cada vez son más exigentes.

El juego, sin embargo, no finalizó. Queda pendiente un recurso potente contra el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ya que esta interpretación atenta contra lo derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al eliminar las únicas acciones efectivas para garantizar el interés de los inversores. También quedan las reclamaciones de la diferencia del valor que habrían alcanzado los accionistas en una liquidación concursal. Y sigue en curso la investigación penal contra los dos últimos consejos de administración del banco y sus auditores, de la que surgirán directa e indirectamente pronunciamientos indemnizadores, en el procedimiento penal o en procedimientos civiles posteriores en los que, además, podrán ser demandadas las respectivas aseguradoras de la responsabilidad civil profesional de los auditores  y de los administradores societarios del Popular. @mundiario