Ingreso Mínimo Vital: así cambia la norma para cobrar la ayuda completa mientras trabajas
El Boletín Oficial del Estado ha confirmado una reforma clave del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación creada en 2020 para proteger a hogares en situación de vulnerabilidad. Su cuantía media ronda los 545 euros mensuales por familia, aunque varía según el tipo de unidad de convivencia. La novedad es clara y relevante: a partir de ahora, el IMV podrá cobrarse íntegramente incluso si la persona trabaja, siempre que sus ingresos laborales no superen los 6.000 euros anuales.
Esta medida no es un simple ajuste técnico. Corrige un fallo estructural que durante años ha debilitado el objetivo real de la ayuda, porque en la práctica muchos beneficiarios vivían atrapados en una contradicción. Si encontraban empleo, aunque fuera parcial y precario, la prestación se reducía casi euro por euro, como si el sistema castigara el esfuerzo.
El problema de fondo era la trampa de la pobreza
La lógica anterior era difícil de justificar. El IMV nació para garantizar un suelo mínimo, pero su diseño terminaba generando un efecto perverso. Una persona podía aceptar un trabajo de pocas horas y, aun así, ver cómo la ayuda se recortaba casi en la misma proporción. El resultado era desmotivador: trabajar no suponía una mejora real, sino un cambio de fuente de ingresos.
El ejemplo es ilustrativo. Un adulto que vive solo puede tener asignados unos 733 euros al mes. Si conseguía un empleo parcial de 500 euros mensuales, el IMV se reducía y la prestación quedaba en apenas 233 euros. En la práctica, el esfuerzo no aumentaba su capacidad económica, solo redistribuía el dinero entre nómina y ayuda. Este mecanismo funcionaba como una cinta de correr. Mucho movimiento, pero poco avance.
Lo que cambia y por qué importa
Con la reforma, los ingresos por trabajo hasta 6.000 euros al año no se tendrán en cuenta para calcular el IMV. Es decir, el beneficiario podrá cobrar su prestación completa y además mantener ese salario. Si se supera ese umbral, se aplicará una fórmula más flexible: se excluyen esos 6.000 euros y además se descuenta solo el 50% de lo que exceda. En casos de especial vulnerabilidad, como discapacidad o familias monoparentales, habrá una exención del 55%.
También se aclara que si alguien agotó un subsidio de desempleo antes de solicitar el IMV, ese ingreso no contará en el cálculo, eliminando otra fuente de confusión habitual.
La reforma entra en vigor al día siguiente de su publicación y tendrá evaluación tras el primer año. Y ahí está la clave política y social: este cambio refuerza el sentido del IMV como herramienta de integración, no como un simple parche asistencial. Si el Estado quiere que la gente salga del pozo, no puede colocarle piedras en el camino cada vez que intenta subir. El empleo, aunque sea parcial, debe ser un puente hacia la autonomía, no una penalización encubierta. @mundiario
