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MUNDIARIO

El INE pagará medio millón de euros a las operadoras para acceder a los móviles

El Instituto Nacional de Estadística, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, rastreará durante 8 días los móviles de los españoles para conocer dónde vive, trabaja y cómo se mueve la población. La medida cambia la metodología de obtención de datos, que se aleja de las encuestas.
El INE pagará medio millón de euros a las operadoras para acceder a los móviles
Gente en la calle usando el móvil. / Tim Trad. / Unsplash
Gente en la calle usando el móvil. / Tim Trad. / Unsplash

Redacción

Análisis de @mundiario

¿Es legal que el INE siga la pista de los móviles para elaborar estadísticas? Es la pregunta que muchos españoles se han hecho nada más conocer la noticia que ayer publicaba MUNDIARIO. Aunque, los más avanzados también se hacían otra pregunta: ¿qué otras bases de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) se van a cruzar con estos datos anonimizados y a partir de qué numero se desanonimizarán? La medida no está exenta de polémica al cambiar por completo la metodología de obtención de datos que se aleja de las clásicas encuestas.

Las operadoras telefónicas Movistar, Vodafone y Orange cobrarán al Instituto Nacional de Estadística (INE) casi medio millón de euros por cederle los datos para que elabore un estudio sobre la movilidad de los españoles. Estas empresas explican que pueden vender sin problemas la información porque ha sido anonimizada. Es decir, no hay forma de conocer qué clientes están detrás de esas cifras y, por tanto, no se infringe de ningún modo la legislación de protección de datos. "No recibiremos nombres de titulares ni datos personales", explican desde el INE a Xataka.com. El estudio pasa por dividir el territorio nacional en 3.200 celdas de 5.000 personas cada una de ellas. Después, cada cierto tiempo se observa cuánta gente hay conectada al mismo tiempo a la misma antena. Es decir, la localización estará limitada a la celda y no se especifica en concreto la dirección exacta. Para conocer cuántas antenas hay repartidas por España, el Gobierno dispone de una web especializada en la que se puede observar que el rango es bastante amplio y suele tener el tamaño aproximado de un barrio o distrito.

Las tres compañías, que hace tiempo que han lanzado unidades de big data e inteligencia artificial para comercializar esta información, se llaman: la de Telefónica, Luca; la de Vodafone, Vodafone Analytics, y la de Orange, Flux Vision. Los importes que van a recibir del INE son de 163.615,86 euros para Luca; 185.000 para Vodafone y 150.000 para Flux Vision.

En cuanto a la legalidad de esta práctica, según explican las propias operadoras, estas tienen la obligación de mantener durante 12 meses los datos de sus comunicaciones a disposición de los cuerpos policiales con la correspondiente autorización judicial. Pasados esos 12 meses, deben destruirlos o anonimizarlos. Ahora bien, una vez anonimizados pueden comercializarlos sin infringir la ley y sin que haga falta el consentimiento del usuario. “La anonimización de los datos con fines estadísticos o de investigación es un tratamiento lícito amparado por el marco jurídico vigente, tanto en materia de protección de datos como de servicios de telecomunicaciones”, subrayan fuentes de Telefónica en declaraciones recogidas por El Pais.

Estas divisiones de negocio, pertenecientes a los tres grandes operadores, realizan habitualmente este tipo de intercambios vendiendo datos normalmente con propósitos publicitarios, tanto para pequeños comercios como grandes empresas. Vodafone por ejemplo ofrece a sus clientes acceso a un servicio Insight basado en estos datos a cambio de una cuota mensual de 1.000 y 1.500 euros, apunta el abogado Borja Adsuara.

Desde Facua-Consumidores en Acción ponene el foco sobre la poca información que se tiene respecto a cómo van a ser usados esos datos.  "Entendemos que la operación del INE pueda escandalizar a la gente, pero quizás se está pasando por alto que compañías privadas nos muestran publicidad en el móvil en función de dónde estamos paseando alegando una mejor experiencia del usuario cuando es con un objetivo comercial", coincide Rubén Sánchez, portavoz de la asociación Facua-Consumidores en Acción. "Si realmente el objetivo del uso del big data es mejorar los servicios públicos estaría bien, pero también puede ser que con estos datos se justifiquen recortes o cierres de estructuras", reflexiona. "El objetivo es lícito, pero el problema podría estar en el cómo se usen los resultados". @mundiario