El Gobierno ratifica su compromiso con la caja única de la Seguridad Social
El traspaso podría limitarse al pago de pensiones contributivas, aunque los expertos dudan sobre el encaje constitucional de esta medida.
El acuerdo de investidura entre el PSOE y el PNV ha generado controversia en relación con las transferencias pendientes al País Vasco, en particular en lo que respecta a la gestión económica de la Seguridad Social. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, afirmó este viernes que este acuerdo recoge el "traspaso efectivo" de todas las transferencias aún pendientes, incluidas el Estatuto de Gernika. Entre estas materias se encuentra la largamente anhelada demanda de los nacionalistas vascos de asumir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
Sin embargo, la ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, rápidamente enfrió estas expectativas al señalar que el acuerdo no aborda específicamente la Seguridad Social. Aparentemente, ambas partes tienen razón, ya que el acuerdo menciona la transferencia de las materias pendientes según un listado previamente acordado por los gobiernos español y vasco en la legislatura anterior. Dicho listado, confirmado por la propia Seguridad Social, incluía la transferencia del régimen económico en 2020.
María Jesús Montero admitió que este compromiso ha quedado recogido “exactamente con el mismo literal que figura en los acuerdos clásicos con el PNV: que, por supuesto, el Gobierno se tiene que comprometer al desarrollo del Estatuto de Gernika, que es una ley que obliga a todas las administraciones y entre ellas algunas competencias que no todavía no se han podido desarrollar”. La ministra de Hacienda en funciones precisó que, en cualquier caso, este traspaso no se encuentra entre los “singulares” que deberán hacerse en el plazo de tres meses sino en los que se deben cumplir en los próximos dos años.
La clave reside en el alcance de las futuras negociaciones. El Ministerio de Seguridad Social asegura que cualquier acuerdo no romperá la caja única del sistema, que está garantizada constitucionalmente. Esto significa que las pensiones contributivas seguirán bajo regulación estatal en términos de legislación, reconocimiento de prestaciones, financiación y control.
Un amplio margen de interpretación
Sin embargo, la transferencia podría centrarse en el pago de las prestaciones, según fuentes cercanas al proceso iniciado en 2020. La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, explicó que esto implicaría que la ventanilla de cobro de las pensiones pasaría de la administración general del Estado a la administración vasca. Pero el artículo 18 del Estatuto de Gernika atribuye al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, excluyendo las normas que configuran el régimen económico. Esto plantea interrogantes sobre el alcance de la transferencia.
El profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García, advierte que la transferencia podría tener un amplio margen de interpretación y podría afectar negativamente a la caja única del sistema si se traspasan los pagos, la recaudación y el reconocimiento de las prestaciones. Además, el saldo de las pensiones contributivas del País Vasco muestra un déficit que actualmente se cubre con transferencias y deuda del Estado.
Otras fuentes, con conocimiento de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, dudan de la posibilidad de transferir el pago de las pensiones contributivas, ya que no hay precedentes de ello. Además, las cúpulas sindicales de CC OO y UGT insisten en que estos asuntos deberían tratarse en el Pacto de Toledo y en la concertación social, en lugar de en acuerdos bilaterales.
En resumen, el acuerdo entre el PSOE y el PNV ha abierto un debate sobre la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social en el País Vasco, planteando cuestiones constitucionales y financieras que deberán resolverse en futuras negociaciones y diálogos. @mundiario
