El Gobierno pone techo a los intereses de los créditos para proteger al consumidor

Durante años, pedir un préstamo al consumo en España ha sido una ruleta rusa para miles de hogares. Bastaba un imprevisto —una avería, un retraso en la nómina, una urgencia médica— para caer en productos financieros con intereses desorbitados, contratos opacos y una deuda que crecía más rápido que la capacidad de devolverla. Ahora, el Gobierno asegura haber decidido apagar ese incendio con una norma que, por primera vez, fija un techo legal a lo que se puede cobrar por prestar dinero.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que transpone las directivas europeas de crédito al consumo y que supone un giro profundo en el mercado financiero español. No se trata de una reforma técnica más: introduce límites explícitos a los intereses, somete a supervisión a operadores que hasta ahora actuaban sin control y endurece las reglas de un negocio que ha crecido al calor de la digitalización y de la fragilidad económica de muchos consumidores.

La nueva ley no distingue entre bancos tradicionales y plataformas digitales: todos los créditos al consumo —desde un préstamo personal hasta una tarjeta revolving o un microcrédito online— quedarán bajo el mismo paraguas normativo. El mensaje político es claro: el acceso al crédito no puede convertirse en una trampa legalmente tolerada.

Un techo al precio del dinero

La principal novedad del anteproyecto es el establecimiento de límites máximos a la TAE, la tasa anual equivalente que refleja el coste real del préstamo. El Gobierno toma como referencia el tipo medio del crédito al consumo que publica el Banco de España y le añade un margen que varía según el importe solicitado. Así, cuanto más pequeño es el préstamo, mayor es el margen permitido, aunque siempre dentro de un tope fijado por ley.

Con los datos actuales, un crédito de hasta 1.500 euros no podrá superar una TAE aproximada del 22%; los préstamos de entre 1.500 y 6.000 euros tendrán un límite cercano al 17%; y los de mayor importe, alrededor del 15%. Hasta que el sistema entre plenamente en vigor, se establece además un límite transitorio del 22% para todas las nuevas operaciones, que afectará también a la liquidación de las tarjetas revolving ya existentes.

El golpe a los microcréditos de alto coste

Si hay un segmento directamente señalado por la reforma es el de los microcréditos rápidos. Estos productos, diseñados para cubrir urgencias con importes muy bajos y plazos mínimos, han llegado a alcanzar TAE superiores al 3.000%. La ley corta de raíz ese modelo: obliga a devolverlos en un plazo mínimo de tres meses, limita el interés mensual al 4% y fija un tope absoluto de 30 euros en comisiones.

El resultado es un cambio radical. Un microcrédito de 300 euros que hoy puede costar más de 100 euros en apenas un mes pasará a tener un coste máximo de 40 euros en tres meses, o de 20 euros si se devuelve antes. La norma busca evitar que la necesidad inmediata se transforme en sobreendeudamiento crónico.

Más control, menos selva financiera

Otro de los pilares del texto es el control supervisor. A partir de ahora, solo podrán conceder créditos al consumo las entidades registradas y supervisadas por el Banco de España. Se acaba así una anomalía histórica: la concesión de crédito no estaba reservada a entidades autorizadas, lo que permitió la proliferación de operadores opacos.

Para integrar a quienes ya operaban en este mercado, la ley crea nuevas figuras legales, pero deja claro que los créditos concedidos por entidades no autorizadas serán nulos. Además, se refuerza la obligación de evaluar la solvencia del cliente, especialmente en los créditos de alto coste, y se endurecen las exigencias de información y publicidad.

Economía justifica la reforma en el peso creciente del crédito al consumo, que ya representa el 15% del crédito a los hogares, y en la necesidad de actuar antes de que los problemas estallen. Pero más allá de los números, la ley tiene un componente simbólico: pone límites explícitos a un mercado que durante años se ha movido en la frontera de lo legal y lo ético.@mundiario