Desafíos en la ejecución de ayudas autonómicas para la transición energética
El ambicioso plan europeo de recuperación pospandemia, destinado a marcar el rumbo hacia una España más sostenible y resiliente, se enfrenta a obstáculos en la ejecución de las ayudas autonómicas, especialmente en el ámbito energético.
Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), solo el 46% de los fondos comunitarios destinados a las partidas energéticas se han ejecutado ya. Las ayudas gestionadas por las comunidades incluyen las encaminadas a acelerar el despliegue del coche eléctrico, la aerotermia, la rehabilitación de edificios para aumentar la eficiencia o la instalación de paneles solares en el tejado de hogares y empresas, entre otras actuaciones.
Las llamadas ayudas territorializadas —es decir, aquellas de cuya gestión se encargan las administraciones autonómicas— suman alrededor de 4.700 millones de euros solo para actuaciones energéticas. Ahora bien, los retrasos en la concesión de ayudas por parte de las autonomías son generalizados, pero especialmente importantes en el caso del Moves y el impulso al autoconsumo.
Las comunidades que más fondos territorializados han recibido son Cataluña (710 millones), Madrid (525) y Andalucía (522), seguidas por Canarias (409), la Comunidad Valenciana (334) y Baleares (casi 280 millones).
Un gran desafío
La gestión eficiente de estos recursos se ha convertido en un desafío para las administraciones autonómicas, que se enfrentan a una avalancha de peticiones que cuadriplican el presupuesto inicialmente establecido. La transformación del sistema energético, representando uno de cada siete euros de la primera fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ve amenazada por la falta de estructura y capital humano suficientes para gestionar este volumen de recursos en un corto periodo de tiempo.
El IDAE, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha movilizado el 91% de los fondos gestionados directamente por el Gobierno central, destacando la eficacia en la ejecución de más de 2.200 proyectos. Sin embargo, la falta de agilidad en la gestión autonómica ha generado retrasos notables en programas clave como Moves y la transferencia de fondos para el autoconsumo, denunciados por asociaciones sectoriales como la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
La patata caliente de la gestión de estos recursos se evidencia como un desafío sin precedentes para las administraciones, que buscan aprovechar la mejor ocasión para transformar la fisonomía del país a largo plazo. A pesar de los obstáculos actuales, el compromiso con la transición energética y la inversión en proyectos sostenibles siguen siendo cruciales para avanzar hacia un futuro más limpio y resiliente. @mundiario
