Denuncian el abuso de la contratación negociada y del fraccionamiento de contratos

A punto de concluir sus trabajos, la Comisión creada en el Parlamento de Galicia ha dialogado con un amplio panel de expertos, entre ellos miembros del Poder Judicial, de organismos de control y de Transparencia Internacional.

Las opiniones convergen en algunos puntos. Así, en la necesidad de ordenar las instituciones locales, donde se han producido el mayor número de casos de corrupción, especialmente ligados a la política urbanística. Se ha censurado la excesiva discrecionalidad de las Alcaldías en la toma de decisiones que afectan a intereses económicos relevantes y donde las presiones son inevitables. Por ejemplo, la firma de convenios urbanísticos se ha revelado como un ámbito de difícil control. Por otra parte no existen mecanismos de contrapeso administrativo, como funcionarios de carrera con poderes reforzados que puedan impedir, al menos cautelarmente, las actuaciones irregulares.

En materia de contratación pública también se ha censurado la opacidad de muchos procedimientos abogándose por una mayor transparencia. El abuso de la contratación negociada y del fraccionamiento de los contratos ha sido denunciado. Por otra parte las concesiones administrativas y los contratos de partenariado público-privado se realizan con frecuencia omitiendo análisis de coste-beneficio, lo que redunda en ineficiencias. También, por su volumen económico, son áreas de riesgo conocidas. En Galicia, contratos como el de construcción y gestión del nuevo Hospital de Vigo, vienen provocando un fuerte debate político, por el incremento de costes que representan, el aplazamiento de la deuda a generaciones futuras y la insolvencia de los contratistas que ha derivado en la suspensión de las obras.

Y finalmente la financiación de partidos y campañas electorales es otro de los ámbitos donde se detecta corrupción en forma de donaciones ilegales o de contabilidades opacas como ha puesto de manifiesto el asunto Bárcenas. 

Para todos los casos los expertos han incidido en la necesidad de incrementar la transparencia, profesionalizar más la Administración, reducir la discrecionalidad de los gobernantes y promover una cultura ciudadana frente a la corrupción. Aunque se ha discutido la necesidad de crear órganos específicos de vigilancia de la corrupción, los expertos no han sido unánimes en su defensa y la experiencia comparada tampoco es concluyente.

Los índices de transparencia conocidos, ratifican los datos intuitivos. Así, la Comunidad Autónoma de Galicia, que encabezó el ranking nacional durante el gobierno Touriño, se ha visto superada ya por otras Comunidades.  La Diputación de Ourense aparece entre las menos transparentes de España, lo que ratifica las innumerables denuncias sobre su gestión clientelar. Los grandes municipios se encuentran en posiciones razonables.

El Gobierno de Núñez Feijoo se ha negado a comparecer ante la Comisión, privando a ésta de cualquier reflexión sobre los casos de corrupción conocidos en Galicia así como de las estrategias del Ejecutivo para reducirlos. Es evidente el embarazo de la Xunta cuando afloran datos de financiación irregular de su Partido y de amistades peligrosas de su Presidente. Unos y otras sin explicación rigurosa a día de hoy.

Aunque se detecta un cambio de actitud ante la corrupción, las posibilidades de cambios profundos en las instituciones para prevenir y alejar de la vida pública a las personas implicadas, serán testadas el próximo mes de setiembre, cuando las Cortes debatan la futura Ley de Transparencia y cuando el Parlamento de Galicia discuta las conclusiones de la mencionada Comisión. Será el momento de comprobar si las declaraciones altisonantes se transforman en acciones contundentes en defensa de la honestidad y rigor de los servidores públicos y de la mejor administración de los intereses de los ciudadanos. Mientras, la opinión  de éstos en las encuestas de opinión, es sencillamente demoledora para la vida política.