El Consejo de Ministros aprueba la subida del salario mínimo a 1.134 euros
En una decisión que busca combatir la precariedad laboral, el Gobierno ha aprobado un aumento significativo del salario mínimo interprofesional (SMI). El Consejo de Ministros respaldó la subida del 5%, llevando el SMI a 1.134 euros desde los 1.080 establecidos en 2023. Este incremento, con efectos retroactivos a partir del 1 de enero, se traduce en un aumento anual de 756 euros, mejorando la situación financiera de alrededor de 2,5 millones de trabajadores con la menor retribución posible.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó la importancia de esta medida en la lucha contra la precariedad laboral. La subida del SMI, en línea con el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, refleja el compromiso de alcanzar el 60% del salario medio, según la recomendación de la Carta Social Europea. A pesar de los avances, Díaz subrayó que aún hay camino por recorrer para equiparar los salarios españoles a la media europea.
La medida también se acompaña de modificaciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), diseñadas para aliviar el impacto fiscal que podría enfrentar el segmento de contribuyentes con ingresos más bajos debido al aumento del SMI. El nuevo mínimo exento se fija en 15.876 euros, un euro por encima del umbral del SMI, brindando así protección a los contribuyentes de menores ingresos.
La subida del SMI ha sido elogiada por sindicatos como UGT y CC OO, que resaltaron la ruptura de los dogmas del neoliberalismo en la gestión de los mercados laborales. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, destacó que la subida beneficia especialmente a mujeres y jóvenes, representando un cambio en la dirección de las políticas laborales.
Sin embargo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Cepyme expresaron su profundo descontento y criticaron el "escaso esfuerzo del Gobierno" para incluirlos en el acuerdo. Advertieron sobre la posibilidad de efectos negativos, incluida una potencial traslación a la inflación que podría añadir un nuevo factor de riesgo a la economía y el empleo.
Paralelamente, el Gobierno ha aprobado la transposición de la directiva europea de condiciones laborales transparentes y previsibles. Esta iniciativa reconoce el derecho a la previsibilidad en las condiciones de trabajo, brindando a los trabajadores una comprensión anticipada de los aspectos esenciales de su empleo y los criterios que pueden modificarlo. Además, se refuerzan los derechos de los trabajadores con antigüedad para optar a vacantes con mejores condiciones en sus empresas, promoviendo una mayor estabilidad laboral y previsibilidad en el ámbito laboral español. @mundiario
