El concepto de eficiencia está ligado, de forma interesada, al discurso neoliberal

Si la política fiscal reduce bases, cuotas y tipos impositivos en el Impuesto de Sociedades, aumentando así los beneficios de las empresas, ¿estaríamos también ante comportamientos eficientes?

El concepto de eficiencia económica está ligado, de forma interesada, al  discurso político neoliberal. En este sentido, la eficiencia se identifica con el mercado o con privatizar la gestión pública para alcanzar, dicen, mayor calidad y menores costes en los servicios y prestaciones. Pero los mercados son muy suyos y funcionan acumulando rentas y patrimonios, ignorando la redistribución y presumiendo incluso de justicia social. 

Asignar recursos públicos de forma eficiente exige, en primer lugar, que la oferta se ajuste a la demanda. Si la oferta pública es fruto de improvisación u ocurrencia, el resultado tiende a ser no solo irrespetuoso con la gente sino también ineficiente. En segundo lugar, la eficiencia económica exige a su vez que los beneficiarios de los servicios públicos sean también sus financiadores. Porque si uno paga y otro disfruta habrá redistribución, que puede ser acertada o no, justa o injusta, pero nunca una condición para definir la eficiencia. Y lo mismo sucede cuando la inversión está subvencionada o se beneficia de rescates diversos. En ambos casos, gana la redistribución y falla la eficiencia.

Finalmente, añadiremos que la eficiencia económica está ligada a los mercados competitivos. Porque si la empresa opera con ventajas oligopolistas, no aplicará menores costes o servicios de más calidad. El poder de mercado favorece que el precio aumente y las subvenciones recibidas también. Y esa es otra situación que tampoco se debería asociar al concepto de eficiencia y de disciplina empresarial. 

¿Son eficientes las empresas concesionarias que construyeron en Galicia las autovías del Salnés y la de Santiago-Brión?

Algunos ejemplos ayudarán a entender mejor la situación. ¿Son eficientes las empresas concesionarias que construyeron en Galicia las autovías del Salnés y la de Santiago-Brión, mediante contratos de colaboración público-privados? Porque después esas empresas exigieron y lograron subvenciones millonarias que abonó el Gobierno gallego para financiar sobrecostes no considerados o compensar ofertas temerarias, como ya sucedió con las radiales contratadas en la Comunidad de Madrid. Por otro lado, ¿es más eficiente la educación concertada que la pública? Y si no es así, ¿por qué la comunidad gallega otorga cada año subvenciones generosas y silenciadas (235 millones en 2008) que al parecer nunca se fiscalizan?

Y si la política fiscal reduce bases, cuotas y tipos impositivos en el Impuesto de Sociedades, aumentando así los beneficios de las empresas, ¿estaríamos también ante comportamientos eficientes? ¿Es el Impuesto de Sociedades instrumento adecuado para mejorar la eficiencia de las políticas públicas? La respuesta es importante porque afecta a la distribución del excedente, a la  construcción, anclaje o derrota del Estado Social, a combatir o tolerar el fraude fiscal. En caso contrario, la globalización y los mercados financieros estarán  presionando para prostituir y confundir el significado de las cosas en defensa de  la causa. Una situación que ya padecemos y sufrimos en España.