El sector comercio pide al Gobierno normas que permitan condonaciones en los alquileres

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Comercios en el centro de Madrid / foodretailandshoppers.com
El comercio minorista de productos no alimentarios es uno de los grandes perjudicados de la crisis del coronavirus. El consumo en España está condicionado ahora a los productos de primera necesidad.
El sector comercio pide al Gobierno normas que permitan condonaciones en los alquileres

La economía española está en un limbo entre lo real y lo artificial. Los sectores clave del sistema buscan una salida por la vía del capital, pero la parálisis de la actividad humana les hace casi imposible generar actividad económica real, lo cual es el caldo de cultivo para la entrada de los mecanismos con los que el Gobierno financiar la economía de forma artificial. He ahí el dilema quasi-existencial del golpeado sistema de bienestar socioeconómico en España.

Y es que más allá de lo que no es esencial para la economía española ni ninguna otra del mundo, los sectores que no tienen nada que ver con la alimentación y la salud se encuentran en un proceso de involución y contracción que los obliga a repensar sus estrategias y a negociar con el Gobierno por su instinto de supervivencia como agentes que, a pesar de esta crisis sanitaria, siguen siendo fundamentales en un contexto de funcionamiento normal de la economía, cuyo concepto se ha trastocado y difuminado por el instinto de la prioridad que se ha despertado en las naciones y en toda la humanidad a causa de esta crisis global histórica.

Entonces, al igual que el hotelero o el de la restauración, el comercio minorista de productos no alimentarios es uno de los grandes perjudicados de la crisis del coronavirus. El consumo en España está condicionado ahora a los productos de primera necesidad, lo cual ha relegado a un segundo plano uno de los sectores que incluso antes de esta crisis ya generaba un PIB propio que, en la suma total de la actividad económica empresarial, representaba una importante fracción global del PIB español. 

Fue de los primeros en sufrir el impacto, con el cierre de todos los comercios no esenciales, lo que ha reducido su facturación casi a cero, y será de los últimos en salir: la reapertura de tiendas no será inmediata, habrá seguramente limitaciones y se verán afectados por la previsible contención de los consumidores en el gasto.

Esto se debe a que, incluso a pesar de que la crisis sanitaria cese, la economía podría quedar tan golpeada que la población civil no se verá tan estimulada ni inclinada al gasto o al consumo genérico debido a que la tendencia social ya está determinada por el instinto de la subsistencia y del ahorro para los tiempos de recesión que están por venir en España, Europa y el resto del mundo, pero sumado a la distorsiones fiscales que tiene el país ibérico, podrían alargar una crisis que permanecía implícita antes de la llegada del virus, 

Por esa razón, han lanzado este lunes una llamada a las autoridades para que tome medidas que mitiguen sus gastos, sobre todo en alquileres, incluyendo la posibilidad de condonaciones. Una medida de este tipo consistiría en que no se podría generar una crisis de deuda del sector hacia los proveedores de arrendamientos, evitando así una espiral de crisis comercial a largo plazo, pero la tarea pendiente para el Gobierno sería cómo compensar a los arrendadores sin que estos caigan en déficits descomunales e incontrolables por la vía fiscal.

Siete patronales del sector (Confederación Española de Comercio CEC, la Asociación Española de Centrales de Compra ANCECO, las asociaciones de cadenas de retail, servicios y restauración AMICCA, COMERTIA, ACOTEX y EURELIA y la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos FECE), que agrupan a empresas con medio millón de puntos de venta con 1,7 millones de empleados, ha enviado un manifiesto al Gobierno en el que expresan “la incapacidad del comercio para afrontar los gastos corrientes, en especial los alquileres de los locales comerciales”, al cumplirse un mes del cierre de tiendas, que ha supuesto un “corte radical de ingresos”, y ante la perspectiva probable de que el estado de alarma sea prorrogado de nuevo hasta mediados de mayo.

El comunicado señala que "la situación amenaza con provocar el cierre del hasta el 50% de las empresas, según los sectores, y la destrucción de “cientos de miles de puestos de trabajo a corto y medio plazo”. Los firmantes precisan también que "el comercio emplea en España a 3,2 millones de personas y tiene un peso del 13% en la economía española". 

Es así como negociar con el sector comercial sería tan vital para el Gobierno, que podría evitarse el estallido de una crisis de desintegración de un 13% del PIB de un solo tajo en caso de que los comercios no puedan seguir pagando alquileres por la merma de sus ingresos, lo que al mismo tiempo podría aumentar el desempleo, lastrar más el consumo y generar deuda privada interna a largo plazo. @mundiario

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