La Casa Blanca defiende las decisiones de Trump ante las alertas sobre la erosión de la confianza

La reciente destitución de Erika McEntarfer como comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) ha encendido un nuevo frente de controversia para la Administración del presidente de EE UU Donald Trump. La decisión, que se produjo justo después de la publicación de un informe laboral con cifras por debajo de lo esperado por la Casa Blanca, ha sido enérgicamente defendida por altos funcionarios del Gobierno.

Sin embargo, también ha generado una oleada de críticas por parte de economistas, exfuncionarios y expertos en datos, quienes ven en este movimiento un ataque directo a la independencia y la credibilidad del sistema estadístico estadounidense.

McEntarfer fue nombrada en 2024 durante la presidencia de Joe Biden y confirmada por el Senado con un amplio respaldo bipartidista. Su destitución se produjo luego de que el último informe del BLS revelara la creación de apenas 73.000 empleos en julio, una cifra muy inferior a las expectativas. Además, se revisaron a la baja los datos de los dos meses anteriores en un total combinado de 258.000 puestos de trabajo menos. Para el presidente Trump, este retroceso estadístico fue motivo suficiente para acusar, sin presentar pruebas, a McEntarfer de manipular los datos “con fines políticos”.

Funcionarios como el representante de Comercio, Jamieson Greer, y el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, han respaldado públicamente la decisión. Ambos insistieron en que Trump tiene “razones legítimas” para estar preocupado por las cifras y que es su prerrogativa elegir a quien dirige una agencia federal. Según comentó Hassett a la cadena CBS News, lo que se necesita es “una nueva mirada” en el BLS, alguien capaz de “limpiar” lo que él considera un sistema defectuoso.

No obstante, las explicaciones de la Casa Blanca no han logrado aplacar la preocupación de muchos dentro y fuera del gobierno. William Beach, quien ocupó el mismo cargo durante el primer mandato de Trump, advirtió a CNN que esta decisión “socava la credibilidad” del sistema estadístico. Explicó que las revisiones mensuales son parte del funcionamiento normal del BLS y responden a actualizaciones con base en informes tardíos de empresas o ajustes estacionales. “No hay manera de que un comisionado pueda manipular estas cifras. Así no funciona el sistema”, sentenció.

McEntarfer, por su parte, reaccionó con sobriedad en una publicación en la red social Bluesky, en la que calificó su tiempo en el BLS como “el honor de su vida” y agradeció a los trabajadores públicos por su labor en la medición de la compleja economía estadounidense.

Las implicaciones del despido van más allá de la coyuntura política inmediata. Al tratarse de una agencia encargada de generar estadísticas fundamentales —como los datos de empleo, inflación y productividad—, cualquier sospecha de injerencia política puede erosionar la confianza pública y de los mercados en la solidez de las instituciones estadounidenses. El hecho de que no se hayan presentado pruebas que respalden las acusaciones contra McEntarfer solo agrava el clima de desconfianza.

La controversia también llega en un momento particularmente delicado para la economía estadounidense. Junto a las cifras laborales decepcionantes, el gobierno ha lanzado nuevas rondas de aranceles que han sacudido los mercados financieros. La suma de señales negativas plantea dudas sobre la viabilidad de la estrategia económica de Trump, centrada en la confrontación comercial y la promesa de un “resurgimiento industrial” aún por materializarse.

A todo esto se suma la advertencia de exsecretarios del Tesoro como Lawrence Summers (durante la era Obama), quien calificó de “absurdas” las acusaciones de Trump, y subrayó que los informes del BLS son elaborados por equipos técnicos siguiendo procedimientos establecidos y verificables. Summers recordó que alterar esos datos requeriría una conspiración masiva y totalmente fuera de lugar en un sistema que, hasta ahora, ha sido considerado un modelo de integridad técnica.

La reacción de la Casa Blanca apunta a un intento de reencuadrar la narrativa económica. Sin embargo, al poner en entredicho el trabajo de una de las instituciones más técnicas y respetadas del país, el coste político podría ir más allá del inmediato: podría abrir la puerta a una crisis de confianza institucional con efectos difíciles de revertir.

La pregunta que queda en el aire es si la búsqueda de control político sobre las cifras económicas acabará debilitando una de las piedras angulares del funcionamiento democrático: la capacidad del público y los actores económicos de confiar en los datos que guían las decisiones colectivas. @mundiario