Bustinduy planta cara a Ryanair y defiende que volar no debe ser un lujo

La resolución judicial que obliga a Ryanair a devolver 66 euros a un pasajero por cobrarle el equipaje de mano podría parecer un caso menor, una anécdota entre tantas. Pero no lo es. Lo que está en juego no son solo los derechos de un viajero, sino la dignidad del consumidor frente a un modelo de negocio que ha normalizado el recorte de derechos en nombre del “bajo coste”. 

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha respondido con claridad: “No me voy a mover ni un centímetro”. Su firmeza no es una pose política, sino una defensa de algo básico: que las normas se cumplen y que las empresas no pueden reinterpretarlas a su conveniencia. El hecho de que Ryanair haya sido condenada una vez más por una práctica abusiva no sorprende, pero sí cansa. Lo preocupante es la sensación de impunidad que algunas multinacionales proyectan cuando se enfrentan a las leyes nacionales.

Beneficio o derecho, la eterna disyuntiva

Cada billete que compramos encierra una paradoja: cuanto más barato parece, más caro resulta si añadimos todo lo que antes estaba incluido. Equipaje, elección de asiento, impresión de tarjeta de embarque… Se trocea el servicio, se encarece el conjunto y el consumidor queda atrapado en una trampa invisible.

Bustinduy lo ha explicado sin rodeos: cuando hay un conflicto entre los beneficios privados y los derechos de los ciudadanos, el Gobierno debe ponerse del lado de estos últimos. No es solo una cuestión de ideología, sino de equilibrio. La economía de mercado necesita reglas claras para no devorarse a sí misma. Si se deja todo al libre albedrío del beneficio, lo que acaba desmantelándose es la confianza, y sin confianza no hay consumo posible.

Volar con derechos, no con resignación

El pulso con Ryanair es una pieza más en un tablero mayor: el de la convivencia entre empresas globales y marcos legales nacionales. España ha mostrado que no piensa agachar la cabeza. Que un ministro hable de llevar el caso hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es un gesto vacío, sino una declaración de principios: los derechos de los ciudadanos europeos no pueden depender del tamaño de la aerolínea.

Mientras algunas compañías amenazan con abandonar aeropuertos por el incremento de tasas, conviene recordar que esas tasas financian la seguridad, las infraestructuras y el futuro del transporte aéreo. No se trata de castigar, sino de garantizar que volar siga siendo posible, sostenible y justo.

En tiempos donde la rapidez se impone sobre la justicia, resulta refrescante que alguien decida no moverse “ni un centímetro” cuando se trata de defender lo que es de todos. Porque no se trata solo de una maleta, sino del derecho a viajar sin ser engañados. Y eso, más que una sentencia, es una lección de dignidad compartida. @mundiario