BBVA contra el Gobierno: la opa sobre Sabadell entra en el terreno judicial
La operación de compra lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell nunca fue un simple movimiento corporativo. Desde el primer momento se convirtió en un test de fuerza entre el poder financiero y el poder político. El último capítulo de este enfrentamiento se escribió el 15 de julio, cuando BBVA decidió impugnar ante el Tribunal Supremo las exigencias añadidas por el Gobierno para autorizar la fusión: mantener la gestión independiente, evitar despidos y cierres de oficinas durante tres años —ampliables a cinco— y preservar un cierto equilibrio territorial en la toma de decisiones.
Estas condiciones, anunciadas el 24 de junio, pretendían ofrecer garantías de estabilidad laboral y territorial, especialmente sensibles en un país que todavía recuerda los efectos de las últimas grandes fusiones bancarias. Sin embargo, para BBVA suponen una injerencia que, a su juicio, excede las competencias del Ejecutivo y distorsiona la lógica de la operación.
El movimiento de acudir al Supremo no fue improvisado. Desde antes de que el Consejo de Ministros se pronunciara, Carlos Torres ya había deslizado que “la vía judicial existe siempre y cuando se endurezcan las condiciones” que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fijó al autorizar la opa el pasado 30 de abril. En la interpretación del banco, el Gobierno solo podía mantener o suavizar esas condiciones, pero no endurecerlas. Y la utilización, por primera vez, de una consulta pública en este tipo de procesos es otro de los puntos que la entidad podría cuestionar, al entender que su encaje legal es discutible.
La estrategia de BBVA es clara: separar el litigio del curso de la opa. Oficialmente, la judicialización “no interfiere” en el proceso, aunque en la práctica el clima de tensión política y regulatoria añade incertidumbre. La cuestión no es únicamente jurídica; es también una disputa sobre el margen de autonomía que debe tener un gran banco a la hora de definir su estructura tras una fusión.
En el trasfondo, la batalla es un espejo de algo más amplio: el equilibrio de poder en la economía española. El Gobierno quiere proyectar la imagen de que defiende a trabajadores, territorios y consumidores frente a la concentración bancaria. BBVA, por su parte, quiere marcar que las decisiones empresariales no deben supeditarse a agendas políticas coyunturales.
Si el Supremo da la razón a BBVA, se sentará un precedente que podría limitar el alcance de las intervenciones del Ejecutivo en futuras operaciones corporativas. Si la pierde, quedará claro que, en España, el poder político puede —y quiere— condicionar de forma sustantiva el rumbo del sector financiero. En cualquier caso, el caso BBVA–Sabadell ya no es solo un negocio de miles de millones: es un pulso abierto por el control de las reglas del juego. @mundiario