Así es el preacuerdo de Alcoa que la CIG no aprueba

La comisión negociadora del expediente de regulación de empleo (ERE) para las plantas de A Coruña y Avilés (Asturias) ha alcanzado un preacuerdo, que, entre otras cuestiones, pasa por que el Gobierno adquiera el compromiso de mantener el empleo en caso de que no exista un inversor para las plantas a 30 de junio de este año.

El preacuerdo estar ratificado por dos pilares fundamentales. Uno de ellos es que el Gobierno "debe adquirir un compromiso en cuanto al mantenimiento del 100 % del empleo a fecha 1 de julio de 2019 en el caso de que no exista ningún inversor para las dos plantas que garanticen su funcionamiento más lejos del 30 de junio".

Por otra parte, "para este mantenimiento del empleo, Alcoa se ha comprometido a dotar una cantidad de 20 millones de euros para cada planta para la mejora de instalaciones de las series de electrolisis y posible rearranque de las mismas".

Alcoa ha afirmado que el preacuerdo alcanzado con los sindicatos contempla un conjunto de medidas que ofrecen soluciones de empleo, prejubilaciones o recolocaciones a 355 empleados de un total de 623 trabajadores indefinidos, más del 50 % de la plantilla de las plantas de Avilés y A Coruña.

El preacuerdo recoge además el mantenimiento de la actividad de las fundiciones de las dos plantas y de la torre de pasta de A Coruña y la continuidad de 205 empleos, 114 empleos en A Coruña y 91 en Avilés, según ha informado la compañía, que asumirá además el coste de rearrancar las cubas por un máximo de 40 millones de euros (20 millones de euros por planta) si se concreta una oferta de compra antes del 30 de junio.

Asimismo, recoge la parada ordenada y programada de las cubas activas de electrolisis. En este sentido, la empresa se compromete a adoptar las medidas precisas para la parada programada de las cubas de electrólisis de modo que puedan ser re-arrancadas por un potencial comprador. Para ello deberá contar con la colaboración de los trabajadores, según ha explicado Alcoa, que ha presciado que el proceso se llevará a cabo en un plazo aproximado de 30 días.

Tras la parada ordenada de las cubas electrolíticas, los trabajadores afectos a las series de electrólisis participarán hasta el 30 de junio de 2019 en el plan de formación que gestionará Grupo Alcoa Inespal, así como en aquellos planes que pueda facilitar el Ministerio de Industria. Estos trabajadores continuarán de alta en la Seguridad Social y seguirán percibiendo su retribución de la jornada ordinaria.

El preacuerdo contempla también recolocaciones vinculadas a un plan de bajas incentivadas en las plantas de alúmina y de aluminio de San Ciprián condicionado a que los representantes de los trabajadores de dicha planta acepten dicho plan. Podrán adherirse los trabajadores de 57 años o más al 31 de diciembre de 2018, con un complemento que, sumado a la prestación por desempleo, alcance los porcentajes siguientes: de 57 a 59 años, el 74 % del salario anual bruto hasta los 64 años, y de 60 hasta 65 años, el 78% salario anual bruto hasta los 65 años.

Estas bajas incentivadas generarían vacantes para empleados de Avilés y A Coruña en los mismos grupos funcionales, que se distribuirían de forma equitativa entre las dos plantas. Potencialmente podrían recolocarse hasta 106 empleados, según ha explicado la compañía. Los empleados con mayor antigüedad y no prejubilables tendrán preferencia en las recolocaciones. Como compensación por traslado de residencia, se ofrece una compensación de 10.000 euros por trabajador.

El personal no incluido en las medidas anteriores percibirá una compensación por la extinción de su relación laboral consistente en una indemnización bruta de 60 días de salario por año de servicio sin límite de anualidades más una aportación de 10.000 euros brutos.

La CIG no ha firmado el preacuerdo alcanzado por "no garantizar" el empleo, al obligar a pactar "ya" las condiciones de los despidos ni dar garantías "de manera clara" en relación con la reactivación de las series de electrolisis. En un comunicado, la central sindical afirma que mantuvo, desde el inicio, "una posición totalmente contraria al cierre de las fábricas formulado por Alcoa y asumió hasta el final el mandato de la asamblea de los trabajadores de no pactar ni despidos ni la parada de las series si no se ofrecían garantías claras para volver arrancar las cubas".

El delegado de la CIG en Alcoa, Julio Moskowich, explica que rechazan este acuerdo "porque se fundamenta en los despidos que, a fecha 1 de julio, tendrían lugar inequivocamente y porque va contra la decisión de la asamblea con la que acudimos a las reuniones de Madrid". "Basada en que cualquier alternativa tenía que pasar por la garantía del empleo y no asumir ningún despido", insiste.

Por otra parte, cuestiona que el preacuerdo deje toda posibilidad de mantenimeinto de los empleos y retomar la actividad productiva "en la propuestas que pueda poner en marcha el Gobierno, principalmente el Ministerio de Industria", con quien el resto de la representación social mantuvo un encuentro este miércoles. Además, sostiene que "la única alternativa formulada por el departamento de Reyes Maroto hasta ahora se limitó a asumir el plan de cierre de Alcoa en un plazo de seis meses". @mundiario