La investigación de la Procuraduría sobre las contrataciones de Racsa
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) ha confirmado la recepción y estudio de una denuncia que señala posibles irregularidades en las contrataciones realizadas por Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa). Aunque la PEP no ha proporcionado detalles específicos sobre el caso, el diputado Francisco Nicolás, representante del Partido Liberación Nacional (PLN), anunció la presentación de la denuncia el pasado 7 de diciembre, destacando las operaciones comerciales realizadas por varias instituciones a través de contratos directos otorgados a Racsa.
Nicolás expresó su preocupación por las más de 40 contrataciones directas que Racsa habría obtenido para el desarrollo de software y tecnología informática, negociando posteriormente subcontratos con empresas previamente seleccionadas por Racsa. Además, señaló aproximadamente "20 o 30 contrataciones" realizadas con Oracle para servicios de software y mantenimiento de equipos informáticos.
El diputado también hizo hincapié en una licitación de emergencia realizada por el Ministerio de Justicia, donde Racsa obtuvo un contrato para suministrar tobilleras electrónicas. Nicolás destacó que Racsa subcontrató a SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S.A., utilizando la tecnología del fabricante brasileño Synergie. Sin embargo, planteó preguntas sobre la diferencia de precios, ya que otro contrato internacional firmado por Justicia con el Consorcio para Monitoreo de Personas en CR, también integrado por SGSV, Racsa y Synergie, ofrecía tobilleras a un precio significativamente más bajo.
Finalmente, Nicolás mencionó que Racsa contrató directamente a la empresa Datasys para servicios de tecnología 5G, a pesar de enfrentar cuestionamientos en Guatemala. La Contraloría General de la República (CGR) también intervino el 20 de diciembre, deteniendo la intención del gobierno de contratar a Racsa para la instalación y operación de escáneres antidroga en puertos marítimos y terrestres.
La CGR concluyó que la contratación directa entre entidades públicas requiere que el oferente demuestre su capacidad para ejecutar directamente la parte sustancial del contrato. En respuesta, Racsa negó las acusaciones, afirmando que Oracle pasó por un proceso riguroso de certificación y transparencia para convertirse en su proveedor.
La Procuraduría de la Ética sigue investigando el caso bajo el expediente número DEP-393-2023. La Procuraduría General de la República (PGR) se ha abstenido de hacer comentarios sobre los denunciantes, citando leyes de control interno y anticorrupción que prohíben hacer declaraciones al respecto. @mundiario