El derecho a una información veraz y los poderes de los grupos de comunicación

En las últimas semanas se han comentado con preocupación, por parte de diversos medios, algunas encuestas en las que se revela que hay un porcentaje alto de personas que no se informan a través de los medios tradicionales, y que prefieren hacerlo a través de internet y redes sociales.

Es un dato, por un lado, preocupante, por lo que tiene que ver por una pérdida de solvencia en la información, ya que se supone que los medios contrastan los datos que aportan como información. Por otro, puede revelar una cierta desconfianza ciudadana sobre la veracidad de la información que aportan los medios.

A veces, basta con ver los titulares de algunos medios para entender esa posible desconfianza, ya que sobre un mismo hecho la noticia difiere según la tendencia o los intereses del grupo editorial (o grupo de poder) al que pertenezca cada medio.

Esto nos lleva a afrontar un equívoco que algunos tienen a la hora de interpretar el artículo 20.1.d. de nuestra Constitución, donde habla del derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión…” .

Digo equívoco, porque a veces se interpreta que este artículo ampara sólo los derechos de los informantes. cuando en realidad ampara también, y pienso que fundamentalmente, los derechos de los ciudadanos a que la información que les llegue sea veraz. Y para que sea veraz, la información que difundan los medios dedicados a ello ha de estar contrastada y ser independiente, para que los ciudadanos puedan confiar en que nadie les está manipulando, o engañando, o tratando de inducirles a pensar en una dirección intencionada.

Por supuesto que los medios tienen sus propios mecanismos (generalmente los editoriales, o las comunicaciones emitidas por el editor, o los propios artículos de opinión) para ejercer la libertad de expresión, que es otro derecho que recoge el mismo artículo 20 de nuestra Constitución en su apartado 1.a. Pero para salvaguardar ambos derechos de modo claro y que no induzca a error, hay que tener la profesionalidad de distinguir de manera adecuada ambos espacios.

El ejemplo que poníamos antes de una información diferente sobre un mismo hecho, apareciendo en diversos medios es demasiado frecuente en algunos medios de comunicación españoles. Puede el lector hacer la prueba tres días seguidos, y con toda certeza va a poder comprobar la veracidad de lo que les digo. Encontrarán aquello de que “cada cual habla de la feria según le va en ella”: algo que se sale de la definición constitucional del derecho a la información veraz.

Y precisamente la piedra de toque para conocer la profesionalidad de un, o una, periodista está en la comprobación de que, independientemente de la línea editorial, o de los intereses, de su medio, su información va a estar documentada y contrastada. Y por desgracia -aunque esto pueda molestar a muchos que trabajan en este mundo de la comunicación- esa profesionalidad independiente y hasta valiente, no es lo habitual.

Hace muy poco, en un artículo en este mismo medio, puse el ejemplo de que el Grupo editorial Joly, con su origen en el Diario de Cádiz, sacaba la misma portada en los ocho diarios que publica en siete provincias de Andalucía, precisamente el 18 de junio -el día de reflexión antes de las elecciones andaluzas: cuando por ley no se puede hacer propaganda electoral-, y en el espacio destinado habitualmente a la información, la foto del candidato del Partido Popular, bajo unos titulares, creo que a cuatro columnas, en los que se exhortaba al “voto útil”. No hacía falta ni leer el artículo para captar la propaganda, nada subliminal, a favor del candidato popular.

En este caso hubo ocho directores de periódico que “tragaron” con lo que sus jefes le ordenaban, pasando de profesionalidad, y pasando de todo el respeto que el lector merece a su derecho a la información. ¿Había detrás solamente convicción, o había propaganda? Y ya sabemos que la propaganda se puede pagar de muchos modos. Incluso “en diferido”, como diría la extrañamente no imputada Dolores de Cospedal.

Se rompe muy fácilmente en nuestros medios la delgada línea que separa la información (fundamentada en la objetividad) de la mera expresión (fundamentada en la particular forma de pensar), cuando no de la propaganda, fundamentada directamente en intereses de quien la respalda, la paga o se beneficia de ella.

En una profesión generalmente tan precaria como la periodística (y sé que esto sigue alimentando la polémica y hasta la controversia), es muy difícil que el asalariado se salga, sin temor a la represalia de “la línea de la casa”. Los hay, y sabemos que algunos lo han pagado caro.

Por eso, cuando en un tuit del que fuera director de El País, Antonio Caño, se atreve a decir que El País apostó en contra de que hubiera un gobierno de coalición en España, si nos vamos a ver los ejemplares de aquella época, podremos comprobar que -salvo honrosas excepciones- abundaba la “información” en consonancia con tal pretensión.

Otro capítulo que amenaza frecuentemente lo que sostiene nuestra Constitución es el de la publicidad, o propaganda. Con mucha frecuencia, diversas instituciones -sean del signo que sean- tienen la convicción, y la practican, de que es conveniente regar con publicidad a determinados medios, para recibir el favor de informaciones favorables.

Hace unos días, el diario Público sacaba la noticia de que la Xunta de Galicia -estando en funciones Núñez Feijóo y aterrizando en la capital del reino- había repartido, “a dedo”, y para publicidad, 1,2 millones de euros a medios “de Madrid” (es decir: de difusión general), como ABC, El País, la COPE, y otros. Un dinero institucional que anteriormente no solía dedicarse a medios generales, sino locales. Una información que doy por veraz, que puede tener claramente la interpretación de allanar el terreno para el aterrizaje en Madrid de Núñez Feijóo, con un dinero institucional gastado de forma extraordinaria y bastante fuera de contexto.

Por desgracia, no es de extrañar que muchos ciudadanos no tengan especial confianza en las informaciones de los medios de comunicación y que prefieran encontrar esas informaciones en otros sitios. Algo que debería hacer reflexionar a los profesionales de la información, para que sean capaces de defender su derecho a una profesión digna e independiente de cualquier patrón, piense lo que piense, o defienda los intereses que defienda el tal patrón.

Veremos cómo sosteniendo esa dignidad se recuperan confianza y lectores u oyentes. @mundiario