El sistema punitivo español es de los más rigurosos y represivos de Europa
El PP impuso su mayoría absoluta, que ya no representa una mayoría suficiente socialmente, para imponer reformas legislativas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana que marcan una deriva autoritaria.
El PP impuso su mayoría absoluta, que ya no representa una mayoría suficiente socialmente, para imponer reformas legislativas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana que marcan una deriva autoritaria.
El PP ha impuesto unilateralmente su mayoría absoluta (que ya no representa una mayoría suficiente socialmente) para imponer unas reformas legislativas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana que marcan una clara deriva autoritaria y represiva, impropia de los valores liberales y democráticos que rigen en als democracias europeas. El PP cruza todas las líneas rojas y se sitúia extramuros de los valores jurídicos propios de la democracia liberal.
Desde el Código Penal Belloch del 1995, agravado por reformas varias del segundo mandato de Aznar, el sistema punitivo español es de los más rigurosos y represivos de la Europa toda, a pesar de que el Estado español presente menores niveles medios de delictividad. No es cierta la leyenda urbana que díce que los delincuentes entran por una puerta y salgan por otra. Lo que vemos los juristas es, por el contrario, que las penas tienden a cumplirse íntegras ("a pulso", como dicen en la cárcel) y los beneficios penitenciarios a limitarse sustancialmente. Por otra parte, la aplicación de tipos penales agravados basados muchas veces en conceptos jurídicos indeterminados (organización criminal, banda armada, medio peligroso) determinan la imposición de penas absolutamente desproporcionadas, como las impuestas hace meses a los acusados de pertenecer a " Resistencia Galega".
La mayoría absoluta del PP decidió unilateralmente agravar sustancialmente estas penas, diseñando entre el nuevo Código Penal y la ley de seguridad ciudadana un "Derecho penal de la peligrosidad", que tiende a considerar todo ciudadano crítico y consciente como un peligro social. Las conductas relativas a los derechos de reunión y manifestación se despenalízan para convertirlas en infracciones administrativas, en las que no jugará ya la presunción de inocencia propria del Derecho Penal, sino la presunción de veracidad de los atestados policiales. Es decir, los ciudadanos a los que se les impongan las elevadas multas previstas tendrán que recurrir en la vía contencioso-administrativa, pagando tasas desproporcionadas y arriesgándose a la condena a las costas procesuales, ya que no siempre será viable encontrar pruebas que destruyan la presunción del atestado policial.
En lo que atañe a la reforma del Código Penal, el PP introdujo una "prisión permanente revisable" que no es nada más y nada menos que la cadena perpetua prohibida en la Constitución. Se podrá imponer esta pena para delitos graves y sólo podrá revisarse judicialmente a los 25 y 35 años de acuerdo con criterios muy restrictivos. Sí, al leer ésto, les vino la imagen de Edmond Dantés en el castillo de If acertaron. Se trata de encerrarlos y arrojar la llave.
La deriva autoritaria del PP se agrava también por la imposición de una mayoría parlamentaria -que ya no existe socialmente- para decidir cuestiones que sólo procede adoptar por consenso, como son el Derecho Penal o la legislación sobre las libertades.
