La discriminación publicitaria, un arma para aplacar la información de los medios
El reparto de la publicidad gubernamental y de la mayoría de las autonomías y ayuntamientos no se realiza siempre en función de la audiencia de los medios y suele primar a los afines.
El reparto de la publicidad gubernamental y de la mayoría de las autonomías y ayuntamientos no se realiza siempre en función de la audiencia de los medios y suele primar a los afines.
No va a ser fácil este año electoral para los medios de comunicación, sobre todo para los más débiles. Y los más frágiles, al final, no serán necesariamente los que menos facturen, sino los que más compromisos tengan con el poder y menos independencia puedan exhibir. El equilibrio informativo que tengan que hacer será inversamente proporcional al grado de confianza último que obtengan del ciudadano.
La confianza y credibilidad en algunos medios desciende frente a los ciudadanos de medio mundo, que los abandonan poco a poco, como es el caso de los periódicos, y se traslada a los digitales según el barómetro Edelman. En nuestro país esto se concreta en una caída de ventas de ejemplares impresos continuada y en un incremento de audiencia de los digitales.
Paradójicamente cuando el medio televisivo exhibe grandes audiencias en los llamados infoshows, antes tertulias políticas, es a costa muchas veces de la verosimilitud.
Este año de contiendas electorales de gran confrontación (municipales, algunas autonómicas y generales), con riesgo de ruptura del sistema bipartidista, el Gobierno gastará un 19% más en campañas institucionales, 48,9 millones de euros, y cerca de 120 millones en campañas denominadas comerciales. Todo ello, además, con una rebaja en el techo de gasto en los presupuestos del 3,2 %.
El reparto de la publicidad gubernamental y de la mayoría de las autonomías y ayuntamientos no se realiza siempre en función de la audiencia de los medios y suele primar a los afines.
No existe acceso a los datos de reparto de los anuncios y el precio pagado por ellos a los medios en la ley de transparencia que ha elaborado el Gobierno. No nos extrañe, pues, que la discriminación publicitaria sea un arma para aplacar la información de los medios contraria a los intereses gubernamentales.
