Un matrimonio afronta más de 25 años de cárcel por aislar a sus tres hijos en Oviedo

La justicia examina desde esta semana en Oviedo uno de los casos de maltrato infantil más impactantes de los últimos años en España.
Los menores siendo rescatados en Oviedo. / RR SS.
Los menores siendo rescatados en Oviedo. / RR SS.

El juicio contra el matrimonio acusado de mantener recluidos a sus tres hijos menores durante cerca de cuatro años ha comenzado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias. La vista se desarrolla a puerta cerrada con el objetivo de proteger la identidad y la intimidad de los niños, que son considerados víctimas directas de los hechos investigados.

Los procesados, un hombre de 53 años de nacionalidad alemana y una mujer de 48 con doble nacionalidad alemana y estadounidense, fueron detenidos en abril del año pasado tras una denuncia presentada por vecinos que alertaron a las autoridades de la situación en la vivienda familiar situada en las afueras de Oviedo.

Según la acusación de la Fiscalía, ambos padres mantuvieron a sus tres hijos —dos gemelos de ocho años y un hermano mayor de diez— completamente aislados entre diciembre de 2021 y abril de 2025. Durante ese periodo los menores habrían permanecido encerrados en la vivienda sin apenas contacto con el exterior y privados de aspectos esenciales para su desarrollo.

El Ministerio Público sostiene que los progenitores actuaron de forma conjunta y consciente, incumpliendo de manera reiterada sus obligaciones básicas de protección y cuidado. La acusación les atribuye un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y tres delitos de detención ilegal agravados por la relación de parentesco con las víctimas.

En total, la Fiscalía solicita penas que superan los 25 años de prisión para cada uno de los acusados, además de medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con los menores. También reclama una indemnización de 15.000 euros para cada niño por los daños morales sufridos durante los años de aislamiento.

La investigación policial describió un escenario especialmente preocupante en el interior de la vivienda. Cuando los agentes accedieron al domicilio encontraron a los menores viviendo en condiciones de extrema precariedad. Según los informes recogidos en el sumario, los niños dormían en cunas o en un camastro improvisado, utilizaban pañales pese a su edad y no disponían de ropa o calzado adecuado.

La vivienda presentaba además un notable deterioro en términos de higiene y salubridad. Los investigadores señalaron la presencia de grandes cantidades de medicamentos almacenados y una ventilación prácticamente inexistente, ya que las ventanas permanecían cerradas de forma permanente.

El aislamiento de los menores fue prácticamente total. De acuerdo con la Fiscalía, los niños no mantenían contacto con otras personas ni físicamente ni por medios de comunicación. Tampoco habían sido escolarizados durante su estancia en España, lo que tuvo consecuencias directas en su desarrollo educativo. Los gemelos, por ejemplo, no sabían leer ni escribir cuando fueron liberados.

A ello se sumaba la ausencia de controles médicos o seguimiento sanitario. Durante años, los menores no recibieron atención médica regular ni revisiones pediátricas, lo que reforzó la acusación de abandono de sus necesidades básicas.

Tras la intervención policial y la detención de los padres, los tres niños quedaron bajo la tutela de los servicios sociales del Principado de Asturias. Desde entonces reciben apoyo especializado para intentar superar las secuelas psicológicas derivadas del prolongado aislamiento.

Las autoridades regionales han explicado que el proceso de recuperación de los menores es complejo y requiere una intervención intensiva por parte de educadores y psicólogos. Los profesionales que trabajan con ellos advierten de que las consecuencias emocionales y sociales de la situación vivida pueden manifestarse a largo plazo.

Por el momento, la administración mantiene la custodia de los niños y continúa evaluando cuál será la solución más adecuada para su futuro. Aunque la adopción no está contemplada a corto plazo, la posibilidad de una acogida familiar permanece abierta mientras se sigue trabajando en su recuperación.

El caso ha generado una fuerte conmoción social por la duración del encierro y por las condiciones en las que vivieron los menores. El proceso judicial deberá determinar ahora la responsabilidad penal de los padres y esclarecer todos los detalles de una situación que durante años permaneció oculta tras las paredes de una vivienda aparentemente normal. @mundiario

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