Los incendios destapan la falta de protocolos que condena a los animales

Los incendios de este verano han dejado imágenes que son imposibles de borrar: animales abrasados, establos calcinados y protectoras al borde del colapso. Tras cada catástrofe, reaparece la misma pregunta: ¿quién protege a los animales cuando el fuego arrasa? La tragedia de Tres Cantos, donde un hombre perdió la vida intentando salvar a los caballos de una hípica, demuestra que la improvisación y la falta de medios no solo condenan a los animales, también ponen en riesgo vidas humanas.

España aprobó en 2023 una Ley de Bienestar Animal que, sobre el papel, contemplaba la elaboración de protocolos para casos de emergencia. Pero, a día de hoy, Canarias es la única comunidad que lo ha puesto en marcha. El resto del país se mueve entre la buena voluntad de veterinarios y protectoras, y la indiferencia de unas administraciones que no parecen entender que los desastres naturales también golpean a los seres vivos que comparten territorio con nosotros.

Según señala El País, lo sucedido en Tres Cantos y en Gejo de los Reyes, en Salamanca, no son episodios aislados, sino una advertencia. Miles de animales muertos o heridos, ganaderos frustrados al ver cómo les prohíben rescatar a sus reses, y protectoras que llaman desesperadas al 112 sin recibir ayuda. La respuesta siempre llega tarde o, directamente, no llega. Mientras tanto, el fuego avanza a la velocidad de un coche y la vida se extingue sin remedio.

La deuda pendiente con el bienestar animal

El gran vacío de la legislación española está en su aplicación práctica. La ley existe, pero no hay planes de acción concretos en la mayoría de comunidades autónomas. No hay listados de refugios de emergencia, ni materiales disponibles, ni protocolos de traslado según el tipo de animal. Todo queda en manos de la improvisación. Y esa improvisación, como se ha visto, cuesta vidas.

Canarias, por su parte, ofrece una lección que el resto del país parece ignorar. Tras los incendios de 2017 y 2019, y la erupción del volcán de La Palma en 2021, se elaboró un protocolo específico y se creó la aplicación Zoocan Emergencias. Gracias a ella se gestionaron evacuaciones de más de 300 animales domésticos y numerosos ejemplares de ganadería. La clave estuvo en la coordinación: veterinarios, administración y voluntarios trabajando bajo un mismo plan. Lo que allí fue posible, ¿por qué no lo es en el resto de España?

Más allá de los planes de evacuación, la prevención también debería formar parte del debate. En Toledo, por ejemplo, el fuego arrasó la protectora Las Nieves. La responsable recuerda al diario antes mencionado que cuando había ovejas pastando en la zona, la maleza estaba controlada y el riesgo de incendio era menor. El abandono del ganado y la falta de gestión forestal son, en sí mismos, factores que agravan las catástrofes.

Una cuestión de prioridades

Cada vez que ocurre una tragedia, las autoridades repiten que la prioridad es salvar vidas humanas. Nadie lo discute. Pero la pregunta es: ¿acaso planificar la protección de animales contradice ese principio? Al contrario, lo refuerza. Porque cuando un ganadero o un voluntario arriesga su vida por salvar a un caballo, a una vaca o a un perro, lo hace porque el Estado no le ha dado otra opción. Y esa ausencia de opciones es lo que convierte la compasión en tragedia.

España necesita con urgencia un protocolo estatal, que luego pueda adaptarse a las realidades autonómicas. Una hoja de ruta clara que incluya contactos directos, medios materiales de urgencia y lugares de traslado. Un sistema que deje de depender de héroes improvisados y que, por fin, asuma que los animales también forman parte de lo que llamamos “bien común”. @mundiario