Desapariciones forzadas en México: un problema con alta tasa de impunidad
El último informe del Comité contra la Desaparición Forzada revela que más de 53.000 cuerpos o restos humanos siguen sin identificar. El grupo lamenta que las desapariciones sigan siendo un problema en el país.
México se encuentra sumido en una crisis de desapariciones forzadas, según el último informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED). Desde 1962, más de 111.000 personas han desaparecido en el país, y los restos de más de 53.000 individuos permanecen sin identificar.
A pesar de algunos esfuerzos realizados, las desapariciones continúan siendo un problema generalizado en México, y lo que es aún más preocupante, la impunidad reina de manera casi absoluta. La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada se enfrenta mensualmente a un promedio de 400 casos, pero la deficiente investigación de estos hechos conduce a un número escaso de sentencias, lo que perpetúa la impunidad.
El CED también ha resaltado la falta de reconocimiento por parte de las autoridades mexicanas de las distintas formas de responsabilidad de los agentes estatales en estos crímenes. Además, ha señalado la ineficacia de las medidas adoptadas para abordar las causas estructurales de la impunidad.
Entre los aspectos positivos, el CED ha destacado el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y la existencia de fiscalías especializadas o unidades de investigación en desaparición forzada en todas las entidades federativas del país. Sin embargo, se preocupa profundamente por el hecho de que la investigación y persecución penal de las desapariciones, ya sean forzadas o cometidas por particulares, no sean una prioridad en México.
Desaparición de mujeres
El informe también destaca un aumento alarmante en la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, siendo los Estados de México, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero los más afectados por esta tendencia preocupante.
En cuanto a los cadáveres encontrados, el 89% de los 53.347 cuerpos o restos humanos almacenados en 2022 permanecen sin identificar, lo que refleja la magnitud del problema en la identificación de las víctimas.
El Comité recomienda con urgencia la aprobación del Reglamento de la Ley General y de la Comisión Nacional de Búsqueda, garantizando un proceso abierto que incluya a los familiares de las personas desaparecidas. Destaca que, en muchos casos, son los familiares y allegados quienes se encargan de la búsqueda, una tarea que debería ser responsabilidad del Estado.
El acceso de los familiares y representantes de las víctimas a los expedientes de investigación es otra preocupación, junto con alegaciones sobre el cierre paulatino de espacios de participación de las víctimas en asuntos que les conciernen.
Dificultades operativas
En el ámbito de la búsqueda, el Comité reconoce los esfuerzos realizados por la Comisión Nacional de Búsqueda pero señala dificultades operativas debido a la falta de claridad sobre las competencias de las instituciones involucradas y la persistente exigencia de que transcurran hasta 72 horas después de una desaparición para presentar una denuncia, lo que impide la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas.
En resumen, el informe del Comité contra la Desaparición Forzada pone de relieve una situación alarmante en México, donde la impunidad prevalece y la crisis de desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares sigue sin resolverse de manera efectiva. @mundiario