La crisis del Hospital de Torrejón reabre el debate sobre la gestión privada de la sanidad pública

La filtración de unas grabaciones internas del grupo Ribera, gestor del hospital público de Torrejón de Ardoz, ha resucitado gracias al diario El País un debate que reaparece cíclicamente: qué sucede cuando la búsqueda de rentabilidad empresarial se sitúa en el mismo plano que la atención sanitaria. Las palabras de su CEO, Pablo Gallart, pidiendo a sus mandos que “desanden el camino” de reducción de listas de espera y que identifiquen procesos “no contributivos” para el ebitda, revelan sin ambigüedades una tensión latente en los modelos de concesión sanitaria.

Los centros públicos de gestión privada funcionan bajo una lógica peculiar: reciben un pago per cápita por cada ciudadano asignado, con independencia de cuántas intervenciones realicen. Cada euro no gastado es un euro de margen para la empresa. Esto no es nuevo; forma parte de la arquitectura del llamado modelo Alzira, inventado por el propio grupo Ribera hace más de dos décadas. Pero pocas veces había emergido de forma tan cruda la tentación de ajustar la actividad asistencial a los objetivos económicos.

Según la grabación dada a conocer por el diario de Prisa, el directivo invita a elevar la lista de espera quirúrgica y a seleccionar qué pacientes o procedimientos resultan más “interesantes”. En hospitales como Torrejón, con cerca de 150.000 habitantes de referencia y abierto también a pacientes de toda la Comunidad de Madrid, estas decisiones no son meros ejercicios de contabilidad interna: tienen consecuencias directas para los ciudadanos que esperan una operación o un tratamiento. Y aquí reside el núcleo del problema.

Ribera defiende que las palabras del CEO están sacadas de contexto y que su único plan es ofrecer “atención de máxima calidad”, avalada —dicen— por auditorías externas. La Comunidad de Madrid asegura no tener constancia de órdenes para restringir procesos y promete actuar si las hubiera. Es un posicionamiento institucional previsible, pero insuficiente ante la gravedad del contenido revelado. La transparencia debe ser absoluta cuando se gestiona un servicio público tan sensible como la sanidad.

El déficit estructural del hospital

El grupo sanitario justifica su estrategia en el déficit estructural del hospital y en unos ingresos públicos que juzga insuficientes. Su reclamación de que la concesión nunca será rentable sin ajustes es un recordatorio de que el modelo per cápita, tal y como está diseñado, incentiva más el control del gasto que la actividad asistencial. No es una novedad, pero sí una anomalía persistente: una empresa privada asume un servicio público universal con la obligación de atenderlo todo, pero con incentivos económicos que no siempre empujan en esa dirección.

La experiencia acumulada tampoco invita al entusiasmo. La Comunidad Valenciana decidió en 2018 revertir el modelo en Alzira por considerar que priorizaba el negocio sobre la atención. Galicia y Madrid acumulan también polémicas, aunque nunca tan explícitas como las que muestran estos audios. Que algunas voces internas del propio grupo Ribera admitan su “escándalo” y alerten de riesgos para la salud de los pacientes resulta especialmente significativo.

La pregunta, en realidad, va mucho más allá de Torrejón. ¿Es compatible la gestión privada de un hospital público con un sistema sanitario que aspira a ser equitativo, transparente y universal? ¿Pueden convivir dos lógicas —la médica y la empresarial— sin que una termine subordinando a la otra? La respuesta depende menos de las intenciones de las compañías que del diseño del modelo, de la vigilancia pública y de la transparencia.

La crisis abierta en Torrejón es una oportunidad para revisar con rigor un modelo que ha mezclado dos universos que no siempre encajan

Los ciudadanos necesitan certezas, no ejercicios de confianza ciega. Si un concesionario recibe financiación pública para prestar un servicio esencial, no puede decidir qué procesos son “interesantes” o “contributivos”. Y si lo intenta, debe encontrar una Administración vigilante y con capacidad de reacción. La salud no puede convertirse en un terreno donde se experimente con incentivos económicos mal alineados.

La crisis abierta en Torrejón debería servir para algo más que para un enésimo cruce de acusaciones partidistas. Es una oportunidad para revisar con rigor un modelo que ha mezclado dos universos que no siempre encajan. La sanidad pública puede explorar fórmulas de colaboración con el sector privado, pero nunca a costa de la confianza de los pacientes ni del principio básico que sostiene todo sistema público: atender según necesidad, no según rentabilidad.

Si algo enseñan estas grabaciones es que los incentivos importan. Y que, cuando se trata de salud, importan aún más. @mundiario