La UCO y el rastro del dinero: anatomía de la trama de Leire Díez en la cúpula de la SEPI
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comenzado a poner orden en un entramado que, según los autos judiciales, aprovechó los resortes de la administración pública para convertir ayudas y contratos en una vía de ingresos privados. En el epicentro aparece Mediaciones Martínez SL, una mercantil sin empleados que multiplicó por diez su facturación en un solo año y que, siempre según la instrucción, sirvió para canalizar presuntas mordidas cobradas a empresas beneficiadas por decisiones de organismos dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El caso, que tiene como principales investigados a Leire Díez, exmilitante socialista y exdirectiva de empresas públicas; Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI; y el empresario Joseba Antxon Alonso, presenta un patrón reconocible para los investigadores: una empresa con objeto social amplio y difuso, ingresos elevados sin estructura laboral y un flujo constante de pagos cruzados con sociedades que obtenían contratos o ayudas millonarias.
Mediaciones Martínez, constituida en Zaragoza en 2009 y trasladada a Madrid en plena fase de expansión de la trama, pasó de facturar algo más de 47.000 euros en 2021 a superar el medio millón en 2022, pese a no contar con trabajadores. El auto judicial habla de “facturación aparentemente mendaz” vinculada al cobro de comisiones por intermediación. Parte de esos ingresos, según la UCO, habrían acabado en inversiones inmobiliarias en Jaca y Marbella, así como en pagos en efectivo a los principales implicados.
La mercantil figura como intermediaria en al menos tres operaciones clave: el rescate público de Tubos Reunidos por más de 112 millones; ayudas a Arapelle SL, vinculada al grupo Forestalia; y pagos relacionados con Enusa y despachos externos. En conjunto, se trata de operaciones que movieron decenas de millones de euros de dinero público y que ahora están bajo sospecha de haber sido infladas o justificadas de forma artificiosa.
Contratos “innecesarios” y justificaciones internas
Uno de los episodios más relevantes afecta a Mercasa, empresa pública participada mayoritariamente por la SEPI, que adjudicó un contrato menor a Servinabar 2000 SL, sociedad vinculada a Alonso y en la que presuntamente participó el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán. El juez instructor subraya la “innecesariedad del contrato y la mendacidad de su contenido”, así como la existencia de “instrucciones internas” para sacarlo adelante.
La investigación sostiene que estas adjudicaciones formaban parte de un acuerdo previo entre los investigados y directivos de empresas públicas, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a operaciones destinadas a beneficiar a la red. El grupo, que se comunicaba a través de un chat denominado Hirurok (“nosotros tres”), habría extremado las medidas de discreción para evitar dejar rastro.
El caso también pone el foco en la continuidad de la influencia. Aunque Vicente Fernández dejó la presidencia de la SEPI en 2019, la UCO considera que siguió ejerciendo un papel relevante en decisiones posteriores desde el sector privado. Es precisamente en ese periodo cuando se concentran los llamados “pelotazos” investigados.
Desde una perspectiva más amplia, el sumario describe un presunto uso instrumental de la administración: contratos menores, informes técnicos y ayudas públicas convertidos en oportunidades para la intermediación opaca. El esquema no destaca por su sofisticación, sino por su eficacia: sociedades pantalla, domicilios compartidos por decenas de empresas y objetos sociales tan amplios que permiten justificar casi cualquier actividad.
Un patrón conocido, una investigación en curso
Conviene subrayar que todas estas conclusiones se encuentran en fase de instrucción y que los implicados gozan de la presunción de inocencia. Sin embargo, la documentación recopilada por la UCO dibuja un relato coherente sobre cómo una red habría aprovechado posiciones de confianza en el sector público para extraer rentas privadas mediante comisiones encubiertas.
El denominado caso SEPI vuelve a situar el foco en los mecanismos de control de las empresas públicas, en la debilidad de algunos procedimientos de contratación menor y en la facilidad con la que determinadas estructuras societarias pueden servir de tapadera. Más allá de los nombres propios, la causa plantea una cuestión de fondo: hasta qué punto los sistemas de supervisión actuales son suficientes para impedir que el dinero público acabe, presuntamente, convertido en un negocio privado @mundiario