El Tribunal de Cuentas congela la amnistía por el desvío de fondos a “finalidades prohibidas”
El Tribunal de Cuentas ha decidido no aplicar la amnistía a los principales líderes del procés independentista catalán, argumentando que desviaron fondos públicos para "finalidades prohibidas por la ley", perjudicando así los intereses financieros de la Unión Europea. Esta decisión se ha detallado en un auto de 56 páginas que el órgano fiscalizador ha enviado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para solicitar una consulta prejudicial sobre la ley de amnistía. En este escrito, el tribunal expone sus razones para considerar que la norma no debería aplicarse en este caso y pide orientación a la justicia europea sobre cómo proceder.
El Tribunal de Cuentas, que a finales de 2023 celebró un juicio por malversación contra los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros 32 ex altos cargos de la Generalitat, es la primera instancia en llevar la ley de amnistía ante la justicia europea. La consejera encargada del caso, Elena Hernáez, nombrada a propuesta del PP, ha suspendido el dictado de la sentencia y mantiene las medidas cautelares adoptadas, que los implicados han afrontado con un aval del Instituto Catalán de Finanzas para evitar el embargo de sus bienes.
El Tribunal de Cuentas pregunta al TJUE cómo deben interpretarse en este caso varias normativas europeas, específicamente el Reglamento 2988/95 sobre la protección de los intereses financieros de la UE, el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea, que establece el principio de cooperación leal. Según el tribunal, estas normativas no son compatibles con "la extinción de responsabilidad contable" que establece la ley de amnistía, destacando que los hechos del procés implicaron una "afectación a los intereses financieros de la UE".
El auto del Tribunal de Cuentas plantea hasta ocho dudas procesales al TJUE y sostiene que la ley de amnistía ejerce una "presión" sobre su labor al imponer un plazo de dos meses para su aplicación. La consejera Elena Hernáez considera que este es un "plazo perentorio" que va en contra de principios básicos recogidos en la Carta de Derechos de la Unión Europea, ya que resulta procesalmente imposible realizar en tan breve tiempo las diligencias de prueba necesarias.
Protección de los intereses financieros de la UE
La resolución enfatiza la obligación de proteger los intereses financieros de la UE. Según la ley de amnistía, para absolver de responsabilidad contable a los investigados "bastaría con que una vez celebrado el trámite de audiencia no se hubiera formulado oposición alguna por parte de la Generalitat de Cataluña". La Generalitat y la Abogacía del Estado se han retirado de la causa, considerando que la administración perjudicada era la autonómica, no la estatal.
El Tribunal Supremo también ha tomado medidas para intentar frenar la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del procés. Ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad en la que califica la ley de "arbitraria", "discriminatoria" y contraria al principio de igualdad. En un auto unánime de la Sala Penal, el Supremo trasladó al Tribunal Constitucional su convicción de que la amnistía vulnera la Ley Fundamental, calificando por primera vez el procés de "golpe de Estado" y a sus líderes de "golpistas".
Esta serie de acciones legales pone de manifiesto la complejidad y las tensiones que rodean la aplicación de la ley de amnistía en España. La decisión del Tribunal de Cuentas y la iniciativa del Tribunal Supremo reflejan una resistencia significativa a la medida, lo que sugiere que el futuro de la amnistía y su impacto en los líderes del procés será un tema de debate y litigio tanto a nivel nacional como europeo. @mundiario