Los sindicatos policiales rechazan el acuerdo del PSOE y Junts sobre competencias de migración
Los principales sindicatos de Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han expresado su rotundo rechazo al acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar competencias de migración en la Generalitat de Cataluña. Calificativos como “bochorno”, “esperpento” y “golpe mortal” han sido empleados por las organizaciones policiales para describir el pacto, que consideran un ataque a las competencias exclusivas del Estado en materia de extranjería. En sus comunicados, exigen la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien responsabilizan del acuerdo y acusan de desmantelar progresivamente la presencia de las fuerzas de seguridad estatales en la comunidad autónoma.
El acuerdo, negociado durante más de un año y registrado en el Congreso como proposición de ley, contempla la delegación a la Generalitat de competencias sobre control de fronteras para la devolución de inmigrantes, permisos de residencia y la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). A pesar de las críticas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, ha defendido la legalidad del acuerdo, asegurando que “se aplica con la Constitución Española en la mano”.
Los sindicatos con mayor representación en la Policía Nacional, como Justicia Policial (JUPOL) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), han anunciado que emprenderán acciones legales contra el acuerdo. Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL, ha asegurado que sus servicios jurídicos están estudiando posibles vías para frenar la iniciativa, al considerar que vulnera competencias “blindadas constitucionalmente”. Desde SUP, su portavoz Nadia Pajarón ha denunciado que la medida atenta contra la seguridad del Estado y contradice la Ley de Extranjería y la normativa europea.
Otras organizaciones policiales, como la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policía (UFP), han advertido sobre el riesgo de descoordinación y conflictos funcionales si se asignan las mismas competencias a distintos cuerpos policiales. La UFP ha alertado de que la nueva estructura en Cataluña podría generar “descontrol”, al tiempo que plantea interrogantes sobre quién asumiría la resolución de expedientes de expulsión: la Delegación del Gobierno o la Conselleria d’Interior catalana.
Convocatoria de movilizaciones contra el acuerdo
Las principales asociaciones de la Guardia Civil también han manifestado su rechazo al acuerdo. La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha recordado que ya recurrió judicialmente la transferencia de competencias en protección de la naturaleza en Cataluña, aprobada en diciembre, y ha anunciado que hará lo mismo con este nuevo acuerdo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), por su parte, ha acusado a los ministros Grande-Marlaska y Margarita Robles de ser “partícipes directos” del “desmantelamiento” del cuerpo en la comunidad autónoma.
En un comunicado conjunto, la Plataforma de Policías Nacionales y Guardias Civiles —que agrupa a los principales sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil— ha advertido de que la legislación europea establece que la gestión de la extranjería y la protección de fronteras es competencia exclusiva del Estado. Han exigido que cualquier medida que altere este equilibrio sea evaluada con rigor y han anunciado movilizaciones para protestar contra el acuerdo.
Por el momento, el Ministerio del Interior no ha emitido valoraciones sobre la polémica. Fuentes del departamento han informado de que Grande-Marlaska ha suspendido su agenda por “una infección bacteriana que no reviste gravedad”, lo que le ha impedido participar en las discusiones políticas tras la publicación del acuerdo. Entretanto, la oposición también ha criticado la medida, generando un amplio debate sobre el futuro de la gestión migratoria en Cataluña y su impacto en la seguridad nacional. @mundiario