Siete comunidades pagan a la privada por máquinas de cáncer que aún no funcionan
Cuando Amancio Ortega anunció en 2021 la donación de diez avanzadas máquinas de protonterapia para siete comunidades autónomas, el futuro parecía prometedor para los pacientes de cáncer en España. Sin embargo, cuatro años después, ninguna de estas unidades está en funcionamiento. Galicia, que se perfila como la primera en utilizarlas, no empezará a tratar a pacientes hasta finales de 2026, y para que todas las máquinas estén operativas habrá que esperar, previsiblemente, hasta 2029. Mientras tanto, la sanidad privada factura millones cada año atendiendo a pacientes que deberían recibir estos tratamientos de precisión en la red pública.
El retraso no es menor. Cada máquina de protonterapia cuesta alrededor de 40 millones de euros y requiere una instalación especializada, personal altamente cualificado y permisos del Consejo de Seguridad Nuclear. Pero la espera tiene un coste humano y económico: la sanidad pública paga a centros privados por cada paciente derivado, una factura que en Madrid ha superado los 1,9 millones anuales solo entre 2022 y 2024, y que en Galicia se acerca al millón de euros en 2025. Pacientes infantiles, con tumores complejos y de difícil acceso, son los más afectados, obligados a recorrer cientos de kilómetros y a depender de servicios privados mientras las promesas de alta tecnología se aplazan.
Más allá del papeleo y la burocracia, el retraso evidencia la complejidad de llevar a la práctica proyectos sanitarios de alta tecnología en España. Cada comunidad sigue su propio ritmo: desde la construcción de los edificios blindados, literalmente búnkeres de hormigón de varios metros de grosor, hasta la instalación de los aceleradores de partículas y la formación del personal. “Cada fase de construcción, instalación y coordinación con otras administraciones ha sido abordada con ritmos distintos”, admite un portavoz de la fundación donante al diario EL PAÍS.
El contraste con la sanidad privada es descorazonador. Centros como la Clínica Universidad de Navarra y Quirón en Madrid se han convertido en un salvavidas necesario, pero costoso. Los pacientes pagan indirectamente: mientras esperan a que la máquina de su comunidad se active, cada sesión en la privada cuesta decenas de miles de euros, financiados por la propia administración pública. Esto crea una paradoja cruel: el dinero de los contribuyentes mantiene a flote una tecnología que debería estar al servicio de todos, pero que sigue inalcanzable para muchos.
La espera de la excelencia
El escenario para 2027-2029 es prometedor, pero también revelador de la magnitud del retraso. Galicia abrirá la primera unidad pública, seguida por Madrid y Comunidad Valenciana. Hasta entonces, la protonterapia seguirá siendo un lujo que solo la privada puede ofrecer, mientras millones de euros fluyen de la sanidad pública a empresas privadas para cubrir un vacío tecnológico que debería haberse llenado hace años.
Este caso plantea preguntas incómodas sobre la capacidad del sistema público para absorber innovaciones sanitarias de alto coste y complejidad. No es solo cuestión de dinero, sino de planificación, coordinación y ejecución. La donación de Ortega fue un gesto generoso y ambicioso, pero su impacto real depende de que la burocracia y la técnica no sigan condenando a los pacientes a esperar más años de lo que la ciencia permite. @mundiario