Sanidad da un mes a las comunidades del PP para que remitan los datos de los cribados
El Ministerio de Sanidad ha lanzado un ultimátum que no admite dilación: las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) tienen un mes para entregar los datos completos de los programas de cribados de cáncer de mama, cérvix y colorrectal. De no hacerlo, el caso pasará directamente a la Justicia. La medida llega tras el escándalo de Andalucía, donde más de 2.300 mujeres nunca recibieron los resultados de sus pruebas, y pone de relieve un conflicto que va más allá de la gestión sanitaria: toca la confianza de los ciudadanos en el sistema de salud.
Mónica García, ministra de Sanidad, ha sido tajante: los datos no pertenecen a los gobiernos autonómicos, ni a Ayuso, ni a Moreno Bonilla, ni a Mañueco. “Pertenecen a los ciudadanos y ciudadanas”, recalcó, denunciando la “deslealtad” de los consejeros populares que se niegan a remitir la información. Las excusas no convencen: Valencia argumenta la ausencia de obligación legal, La Rioja dice que no tiene la plataforma informática y Madrid teme un uso político de la información. La ministra ha respondido con la autoridad que le confiere la Ley General de Salud Pública, que establece la obligación de las comunidades de garantizar la homogeneidad y disponibilidad de la información sanitaria.
El enfrentamiento no es nuevo. En el pasado Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, los consejeros del PP abandonaron la reunión en Zaragoza, protestando por lo que consideran una “instrumentalización política” del organismo. Sanidad, por su parte, insiste en que el Documento de consenso sobre información de los cribados fue aprobado antes del escándalo andaluz y su objetivo es meramente estadístico: conocer cuántas personas participan en los cribados y cuántos cánceres se detectan en el país. No se trata de controlar cómo se notifican los resultados a los pacientes, sino de tener una foto nacional que permita evaluar la efectividad del sistema de salud.
El reloj corre y la Justicia aguarda
El plazo de un mes que ha fijado Sanidad no es arbitrario. Representa un margen razonable para que las comunidades recopilen y remitan los datos y, al mismo tiempo, una señal clara: la ministra no está dispuesta a tolerar más retrasos ni excusas. La sombra de la legalidad es alargada y apunta directamente a los tribunales si las comunidades incumplen. La tensión política se entremezcla con la responsabilidad sanitaria: cada día que pasa sin datos fiables es un día en que la población no puede evaluar el riesgo real de sus programas de cribado.
Transparencia versus política
El choque entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos del PP es, sobre todo, un choque de prioridades. Para Sanidad, la transparencia es innegociable. Para las comunidades gobernadas por el PP, la urgencia de la entrega de datos parece diluirse frente a la narrativa de confrontación política. El resultado es preocupante: la ciudadanía queda atrapada entre la necesidad de información sanitaria y los intereses políticos de sus líderes. Cada mamografía, cada resultado pendiente, es un recordatorio de que la información médica no puede ser rehén de disputas partidistas.
El fondo del conflicto es la confianza. Un sistema sanitario que oculta o retarda datos esenciales socava la credibilidad de los ciudadanos. La desconfianza es silenciosa, pero corrosiva: si los españoles perciben que sus resultados dependen de cálculos políticos, la prevención pierde fuerza, y con ella, vidas podrían estar en riesgo. García ha dejado claro que no permitirá que el oscurantismo se imponga: las mamografías son “sagradas”, dijo, y la responsabilidad de protegerlas es de todos, autoridades y pacientes incluidos. @mundiario