Puigdemont enfría las relaciones con el PSOE, pero acusa a Illa de renunciar a los intereses de Cataluña
La política catalana vuelve a situarse en el centro del tablero nacional tras la advertencia de Carles Puigdemont sobre el deterioro de las relaciones con el PSOE. El expresidente de la Generalitat reunió en Bruselas a la ejecutiva de Junts para analizar la situación y trasladó un mensaje claro: los compromisos adquiridos con los socialistas no se están cumpliendo y, en otoño, el partido deberá decidir si mantiene o no su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez.
El diagnóstico de Puigdemont se fundamenta en dos puntos críticos. Por un lado, la falta de avances en el reconocimiento oficial del catalán en Europa, uno de los ejes más simbólicos del pacto alcanzado con el PSOE. Por otro, el bloqueo del traspaso de competencias en materia de inmigración, acordado con Junts, pero atascado en el Congreso por la resistencia de Podemos. Estos incumplimientos, señaló el exmandatario, evidencian la fragilidad de los acuerdos y la falta de voluntad política para darles cumplimiento real.
En paralelo, la formación independentista ha acusado directamente al actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de “renunciar” a defender los intereses de los catalanes. Según Junts, el líder del PSC está impulsando un “proceso de desnacionalización” que diluye el peso político de Cataluña en el conjunto del Estado. La ejecutiva de Waterloo subrayó que la verdadera garantía de los intereses catalanes frente al Gobierno español pasa por su partido, al que se reivindican como única “alternativa a la desnacionalización y el empobrecimiento del país”.
Este pulso político se produce en un contexto marcado por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Sánchez. El presidente necesita apoyos sólidos para sacar adelante los próximos Presupuestos Generales del Estado, pero no solo se enfrenta a la incertidumbre del voto de Junts: ERC también ha mostrado su malestar por la falta de avances en la llamada “financiación singular” para Cataluña. En este escenario, el Gobierno afronta un riesgo real de fractura en su frágil mayoría parlamentaria.
Junts insiste en la “anormalidad democrática” de Cataluña
La reunión entre Puigdemont e Illa en Bruselas, celebrada en la Delegación de la Generalitat ante la UE, sirvió de gesto institucional, pero poco más. El expresidente, todavía pendiente de la aplicación plena de la amnistía, dejó claro que aspira a ser reconocido políticamente por el propio Sánchez, incluso en un encuentro internacional. La rehabilitación de su figura pasa, según su estrategia, por la interlocución directa con el jefe del Ejecutivo central, no con un presidente autonómico que considera alineado con los intereses de Ferraz.
El silencio del PSC tras la reunión refuerza la idea de que las conversaciones transcurrieron con escasos resultados tangibles. Illa evitó pronunciarse sobre el contenido del encuentro y remitió cualquier interpretación política al Gobierno central, mientras que Junts difundió un comunicado en el que insistía en la “anormalidad democrática” de que el encuentro tuviera que celebrarse en Bruselas y no en el Palau de la Generalitat.
El trasfondo de todo este pulso revela una doble tensión: la pugna interna en Cataluña, donde Junts busca marcar distancias con el PSC y presentarse como el verdadero defensor de los intereses nacionales. Por otro, la presión sobre Sánchez, que se enfrenta al desafío de mantener cohesionada una mayoría parlamentaria cada vez más exigente y menos paciente.
El otoño se perfila, por tanto, como un momento decisivo. Puigdemont ha marcado un ultimátum político y ha dejado claro que la continuidad del apoyo de Junts no está garantizada. Para el Gobierno, esta advertencia no es menor: sin los votos independentistas, la legislatura puede entrar en un terreno de máxima inestabilidad. @mundiario