La amnistía y los ERE: el presidente del Constitucional denuncia “presiones” sobre el tribunal

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha expresado su “enorme preocupación” por los ataques que viene recibiendo el tribunal que dirige, especialmente en relación con su papel en el examen de la controvertida Ley de Amnistía. En un desayuno informativo celebrado en el Ateneo de Madrid, el magistrado ha denunciado presiones por parte de “corrientes de opinión muy poderosas” que, según dijo, representan a “poderes políticos, mediáticos, económicos o de otra índole”.

Conde-Pumpido no ha escatimado palabras para defender la legitimidad del tribunal en un momento de intensa polarización institucional. “Se actúa penalmente contra el Constitucional”, denunció, en referencia a las querellas que algunos sectores han presentado contra magistrados de su órgano. Sin embargo, se mostró satisfecho por la respuesta del Tribunal Supremo, que ha desestimado dichas acciones al considerar que el delito de prevaricación no puede utilizarse como mecanismo para impugnar decisiones del tribunal de garantías.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue el calendario de resolución de los recursos presentados contra la Ley de Amnistía. Conde-Pumpido confirmó que el Constitucional dictará la primera sentencia “antes del verano”, y señaló que la ponencia recaerá en la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán. “Estamos avanzando con intensidad en este asunto”, afirmó, al tiempo que indicó que esa primera resolución se basará en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular, considerado el caso de “cabecera” del conjunto de impugnaciones.

Según explicó el presidente del alto tribunal, actualmente se tramitan simultáneamente 30 procedimientos relacionados con la Ley de Amnistía, incluyendo 16 autonómicos, seis cuestiones de inconstitucionalidad de diferentes tribunales (incluido el Supremo) y ocho recursos de amparo presentados por personas a quienes aún no se ha aplicado la norma. “No hay un solo proceso, sino una tarea ingente que estamos abordando con seriedad y rigor”, subrayó.

En relación con el procés independentista catalán, recordó que desde 2017 el tribunal ha dictado más de un centenar de sentencias vinculadas al procés, muchas de ellas confirmando resoluciones del Tribunal Supremo. Conde-Pumpido defendió también la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que suspendió temporalmente la autonomía de Cataluña, afirmando que “resolvió pacíficamente la cuestión”. Sobre la posibilidad de que el Supremo recurra a instancias europeas si se valida la amnistía, el presidente eludió responder a “preguntas hipotéticas”, aunque recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos apenas ha admitido recursos contra decisiones del Constitucional español.

El Constitucional evita el choque sobre el caso de los ERE

Otro de los temas candentes abordados en el acto fue el conflicto surgido con la Audiencia de Sevilla a raíz de las sentencias sobre los ERE de Andalucía. El tribunal sevillano ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evaluar la compatibilidad entre las resoluciones del Constitucional y el derecho comunitario. Esta iniciativa ha despertado preocupación en el órgano de garantías, aunque su presidente recalcó que “respetamos la autonomía de cualquier órgano jurisdiccional”.

Conde-Pumpido aclaró que no se ha tomado ninguna decisión definitiva sobre el posible choque de competencias, sino que el Constitucional ha optado por abrir un “debate jurídico” interno. La preocupación inicial dio paso a un enfoque más dialogante, influido tanto por la voluntad de evitar tensiones institucionales como por los informes emitidos por los letrados del tribunal, que mayoritariamente aconsejan no oponerse a la consulta al TJUE.

Estos informes han sido distribuidos entre los magistrados con el anonimato preservado, pero comparten una idea clave: ningún tribunal nacional, incluido el Constitucional, puede impedir que un juez ordinario eleve una cuestión prejudicial a Europa. Uno de los documentos destaca que “la decisión del tribunal nacional ha de estar fundamentada únicamente en criterios de derecho de la Unión”, lo que refuerza la idea de que no procede intervención alguna del Constitucional en este punto.

La Fiscalía, por su parte, ha respaldado las sentencias del tribunal de garantías, defendiendo que su interpretación de los delitos de prevaricación y malversación está dentro del marco del principio de legalidad que rige en la Constitución. La mayoría progresista del Constitucional comparte esa visión y considera que sus resoluciones no vulneran el derecho europeo, por lo que sus decisiones, incluso las que redujeron las penas impuestas en los casos de corrupción en Andalucía, “no tienen marcha atrás”. @mundiario