El PP insiste en condenar la amnistía pese al aval del Constitucional: “es inmoral”

La amnistía a los líderes del procés catalán sigue siendo el epicentro de uno de los mayores choques institucionales y políticos de la democracia española. Esta vez, el escenario se agita tras conocerse la ponencia del Tribunal Constitucional que avala la constitucionalidad de la controvertida ley. Sin embargo, el Partido Popular ha decidido no plegarse ante ese respaldo jurídico, reafirmando su posición crítica y manteniéndose firme en su relato político, aunque ello suponga contradecir la autoridad del órgano que, en última instancia, interpreta la Carta Magna.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido tajante. En un acto celebrado en Cáceres, denunció que “hoy nos pretenden convencer de que comprar un gobierno con privilegios es legal” pese a lo que determine el Constitucional. “Yo digo que no. Ni es ético, ni es moral, ni es legal. Es inconstitucional porque así lo han dicho todos los expertos en este país. Los letrados del Senado, del Congreso, el Consejo General del Poder Judicial, los constitucionalistas más prestigiosos… han dicho que la amnistía es inmoral”, dijo el jefe de la oposición.

En su diagnóstico, el aval del tribunal no borra el origen de la norma: un pacto político entre el PSOE y Junts que, según sostiene, deslegitima todo el proceso. Esta narrativa no es nueva, pero se refuerza en un contexto de creciente tensión con el Gobierno y de movilización de las bases conservadoras.

Para el PP, la legalidad no lo es todo. El portavoz nacional, Borja Sémper, ha ido más allá: “independientemente de lo que dictamine el Tribunal Constitucional, la ley de amnistía es una inmoralidad profunda que no va a cambiar nada un fallo del Constitucional”. La legalidad, insiste, no limpia la indecencia política que supone, a su juicio, pactar la investidura con los responsables del intento de secesión de 2017. Esta visión presenta una paradoja jurídica y política: se reconoce la legitimidad del Constitucional, pero se cuestiona su veredicto antes incluso de que este se formalice.

Más allá de los argumentos legales, lo que el PP denuncia es lo que considera la utilización instrumental del derecho con fines políticos. “Sigue siendo nuestra posición. Constitucional o inconstitucional, es corrupción política”, reiteró Sémper, dibujando una frontera entre lo jurídicamente admisible y lo éticamente aceptable. Es una línea de discurso que busca conectar con un electorado al que no solo le inquieta el contenido de la ley, sino el contexto en el que ha sido pactada y aprobada.

El PP llama a la calle contra el Gobierno

Cuca Gamarra, secretaria general del partido, ve en el texto preliminar del tribunal una razón más para movilizarse contra el presidente del Gobierno. Bajo el argumento de que Pedro Sánchez compró su investidura “salvando” de la cárcel “a delincuentes”, Gamarra llama a la ciudadanía a concentrarse el próximo domingo como forma de protesta democrática. Para el PP, la batalla ya no es solo legislativa, sino simbólica y social.

El rechazo a la amnistía se entrelaza también con otras líneas críticas abiertas por los populares, como la supuesta guerra sucia del PSOE contra la Guardia Civil y los escándalos vinculados a Leire Díez. Para el PP, estos episodios son parte de un mismo ecosistema de degradación institucional en el que se enmarca también la ley de amnistía. En este sentido, la comparecencia en el Senado de figuras clave relacionadas con el ‘caso cloacas’ es una vía con la que el PP pretende mantener la presión mediática y política sobre el Ejecutivo.

Mientras Vox arremete contra el Tribunal Constitucional, al que acusa de haber sido “asaltado” por el PSOE, el PP opta por una estrategia más sofisticada: respetar la institución, pero negar legitimidad moral a sus conclusiones si estas contradicen sus principios. Esta discrepancia revela una tensión de fondo entre el derecho constitucional y el debate político, donde el relato, más que el argumento jurídico, se impone como herramienta de movilización.

El fondo de la amnistía

En el fondo, lo que late en esta disputa no es solo una interpretación del artículo 62 de la Constitución, sino una visión enfrentada sobre la naturaleza del poder y la convivencia. Para el PP, la amnistía desnaturaliza el sistema democrático al premiar a quienes lo desafiaron; para el Gobierno y sus socios, se trata de una herramienta de reconciliación. La legitimidad de la medida, por tanto, no se juega solo en los despachos del Tribunal Constitucional, sino en la arena política y, especialmente, en el juicio de la opinión pública.

Así, el Partido Popular plantea un pulso en varios frentes: legal, político, institucional y social. Con el aval del Tribunal aún pendiente de votación definitiva, la batalla por el relato está en pleno auge. La amnistía no solo ha reabierto las heridas del procés, sino que ha desencadenado una crisis de confianza en las instituciones y ha elevado la temperatura política a cotas que recuerdan los momentos más convulsos de la reciente historia democrática española.

El desafío ahora para todas las fuerzas políticas es canalizar esta tensión dentro de los cauces constitucionales, sin erosionar la credibilidad de las instituciones que sostienen el sistema. Porque si algo está en juego, más allá de una ley, es la salud misma del pacto democrático. @mundiario