Sánchez desclasificará los documentos del 23-F 45 años después del intento de golpe de Estado
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la desclasificación de los documentos oficiales relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Coincidiendo con el 45º aniversario de la asonada, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que la medida busca “saldar una deuda con la ciudadanía” y reforzar la transparencia democrática.
“La memoria no puede estar bajo llave. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre”, ha escrito en su cuenta de X, donde también ha agradecido al escritor Javier Cercas —autor de Anatomía de un instante— haber impulsado públicamente la petición de acceso a esa documentación histórica.
La reacción política no se ha hecho esperar. El Partido Popular ha calificado el anuncio de “cortina de humo”, en un contexto de tensión parlamentaria por la renovación de la Ley de Secretos Oficiales, una norma vigente desde la dictadura franquista cuya reforma lleva años bloqueada en las Cortes.
La Ley de Secretos Oficiales, en el centro del debate
Diversos grupos políticos han vinculado el retraso en la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales con la existencia de documentación aún clasificada sobre el 23-F. El proyecto para sustituir la norma franquista ha sido debatido en varias ocasiones, especialmente a instancias del PNV, pero hasta ahora no ha logrado el consenso necesario para salir adelante.
La decisión del Ejecutivo de abrir los archivos podría desbloquear un debate histórico sobre los límites de la transparencia en España y sobre el acceso ciudadano a episodios clave de la Transición.
Qué se sabe del 23-F: el sumario judicial y las claves del golpe
En el 40º aniversario del intento de golpe, este periódico accedió al sumario judicial del caso: casi 13.000 folios que reconstruyen las 18 horas en las que el país permaneció en vilo. Los interrogatorios permiten seguir el desarrollo de los hechos desde dentro del hemiciclo del Congreso y desentrañar la trama previa.
El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió armado en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. En sus declaraciones ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, aseguró que el general Alfonso Armada le había transmitido que no debía haber derramamiento de sangre y que la acción se haría “a las órdenes del Rey”.
Tejero sostuvo que el plan preveía su entrada en el hemiciclo, seguida de la llegada de la “autoridad militar competente”. Sin embargo, el golpe se desvió de lo previsto y terminó prolongándose durante toda la noche.
El general Jaime Milans del Bosch, que sacó los tanques a las calles de Valencia, fue condenado junto a Tejero a 30 años de prisión por rebelión militar. Armada, inicialmente condenado a seis años por conspiración, vio elevada su pena a 30 años por el Tribunal Supremo, que lo consideró el principal beneficiario del plan y le acusó de “doble juego”. Posteriormente fue indultado en 1988 por motivos de salud.
La sentencia descartó cualquier implicación de Juan Carlos I, quien en la madrugada del 24 de febrero dirigió un mensaje televisado a la nación vestido con uniforme de capitán general, ordenando restablecer el orden constitucional.
Preparativos, fracturas internas y el fracaso del plan
Los interrogatorios revelan reuniones previas entre los implicados desde enero de 1981. Según declaró Milans, Armada le aseguró que el Rey estaba “harto de Suárez” y valoraba cambios en el Ejecutivo. Tejero, por su parte, reconoció que había fotografiado el Congreso y adquirido autobuses y gabardinas para movilizar a 288 guardias civiles sin levantar sospechas.
Cuando Armada accedió al Congreso tras el asalto, propuso un Gobierno de concentración presidido por él mismo e integrado por figuras de distintos partidos, entre ellas socialistas y comunistas. Tejero rechazó el plan al considerar que no cumplía con la promesa de “congelar el marxismo” y le impidió intervenir ante los diputados.
El fracaso de la operación, unido al mensaje televisado del Rey y a la retirada de tropas en Valencia, precipitó la rendición de los golpistas la mañana del 24 de febrero.
Transparencia y memoria democrática
La desclasificación anunciada por el Gobierno podría arrojar luz sobre aspectos aún controvertidos del 23-F: el alcance real de los contactos previos, las dudas internas en la cúpula militar o los márgenes de actuación institucional durante aquellas horas críticas.
Más de cuatro décadas después, el intento de golpe sigue siendo uno de los episodios más determinantes de la democracia española. La apertura de archivos puede tener un doble efecto: reforzar la confianza institucional y cerrar definitivamente las zonas grises de un capítulo que marcó la Transición.
La iniciativa llega en un momento de revisión histórica y de debate sobre la calidad democrática. El Ejecutivo sostiene que conocer en profundidad lo ocurrido no debilita el sistema, sino que lo fortalece. Sus detractores ven en el anuncio una maniobra política.
Lo que sí parece claro es que, 45 años después de que España contuviera la respiración durante 18 horas, la batalla por el relato del 23-F continúa abierta. @mundiario