Medio siglo después la ultraderecha puede volver al Gobierno de España

Carlos Arias Navarro. / RR.SS
Si las izquierdas alternativas plurinacionales no logran un Frente Amplio de cara a las próximas elecciones generales, la ultraderecha podrá regresar al Gobierno de la Nación cincuenta años después.

En 1976 sucedió un hecho que ha pasado bastante desapercibido desde el punto de vista de la historia política de España: el final (hasta la fecha) de la presencia de miembros de ultraderecha en el Gobierno de la Nación. Así, el 1 de julio de aquel año el entonces Presidente del Ejecutivo, Carlos Arias Navarro, disconforme con el reformismo juancarlista, presentó su dimisión al Rey. Junto a él, cesaron la mayoría de sus ministros, entre los que había falangistas y católicos inmovilistas. Fernando de Santiago, un militar también adscrito al búnker franquista, lo reemplazó y ocupó el cargo presidencial entre el 1 y el 5 de julio de 1976. Entre ese mes y septiembre de 1976 -ya siendo Adolfo Suárez Jefe de Gobierno- De Santiago lideró la Vicepresidencia de Asuntos de la Defensa. Dimitió por su rechazo al proceso de Transición. Posiblemente se trate del último político de extrema derecha en el Consejo de Ministros.

Durante el final de la Transición y tras la pseudodemocratización ocurrida entre 1976-79, la ultraderechista Unión Nacional obtuvo un diputado en los comicios legislativos de 1979. No obstante, la división interna en esa coalición, el afán de concordia entre españoles, el recuerdo del intento de golpe de Estado del 23-F (1981) y el voto útil aliancista (a AP-PDP) en 1982 dinamitaron las opciones electorales de la extrema derecha aquel año. Más adelante, el sistema electoral, la atomización interna y el voto útil al PP frenó cualquier expectativa de crecimiento de este ámbito ideológico. No obstante, el desgaste de los populares durante la década pasada y el procés catalán apuntalarían a Vox en 2018, al obtener representación ese año en el Parlamento andaluz. Hasta la fecha los de la calle del Bambú han participado en ejecutivos municipales, provinciales y autonómicos, pero nunca en el Gobierno de España.

A diferencia del fascismo, tradicionalismo o del corporativismo reaccionario, los de Abascal representan una derecha alternativa nacionalconservadora: son abiertamente atlantistas, aceptan un pluralismo político limitado y son bastante más desreguladores en el plano económico que las corrientes derechistas más duras del franquismo.

Las últimas encuestas apuntan a un escenario donde PP y Vox rondan los 200/350 diputados. Ello se debe en buena medida al cainismo crónico de la izquierda alternativa. Las próximas elecciones generales pudieren tener lugar en 2026 o 2027, de manera que el tiempo apremia a estos partidos.

Según el medio El Plural (febrero de 2026), un Frente Amplio podría lograr hasta 75/350 parlamentarios, superando los registros de 2015 y 2016.

Hasta la fecha, Sumar, IU, Comuns y Más Madrid y Gabriel Rufián han mostrado espíritu de unidad. Los cuatro partidos mencionados han pactado una coalición electoral de cara a las próximas elecciones generales. En paralelo, el portavoz republicano en el Congreso de los Diputados está intentando mediar para racionalizar electoralmente los sufragios a la izquierda de PSOE-PSC (implicando también a las cuatro organizaciones citadas) en los cincuenta y dos distritos. Hasta la fecha, solo ha recibido la bienvenida de Més y Chunta Aragonesista. Más cauto se ha mostrado Compromis. Mientras tanto, Adelante Andalucía está centrado en el proceso electoral autonómico de su Comunidad Autónoma.

Por su parte, ERC, el partido de Rufián, y EHB han rechazado ese Frente Amplio. No obstante, estas dos formaciones poseen “auctoritas electoral”, ya que ostentan representación en las cuatro provincias en las que cada una se presenta. Esto último no lo pueden sostener BNG y Podemos, quienes -al menos, de momento- prefieren presentarse con sus siglas: ello sería un auténtico suicidio político, no solo por lo que implicaría en cuanto a atomización de listas de izquierdas, sino porque carecen de la fuerza social como para ir en solitario: el BNG solamente posee un diputado por A Coruña en Generales (como mucho, los nacionalistas gallegos sacarían uno más por Pontevedra), mientras que hoy Podemos posiblemente obtendría acta únicamente por Madrid: El resultado del 8-F en Aragón, por ejemplo, nos muestra una consecuencia de lo que no es aconsejable hacer.

Recordemos, además, que una coalición electoral puede ser “técnica”: es decir, se puede ir luego al Grupo Mixto para defender la independencia programática. Por ejemplo, esto último sucedió con Podemos, que en 2023 se escindió del Grupo Parlamentario de Sumar.

En resumen, la vuelta de la derecha radical al Gobierno de la Nación medio siglo después dependerá en buena medida de la estrategia que adopte próximamente la izquierda alternativa. Si los citados partidos no configuran una fórmula de racionalización electoral, los nacidos desde 1976 hacia la actualidad -y, por supuesto, los mayores- podremos ser testigos del ejecutivo más parecido al franquismo que ha habido en el régimen de monarquía parlamentaria.

Algunos partidos deberían reflexionar qué es más importante: si anteponer las enemistades personales, las luchas de poder y/o conservar la pureza de las siglas (y así facilitar el triunfo de un partido que detesta a este espacio político), o bien ser útiles desde el Parlamento/Gobierno a la ciudadanía a la que dicen defender. Aquí lo dejamos. @mundiario