Marlaska rechaza las acusaciones y condiciona su dimisión a la víctima
La crisis estalló tras la renuncia del ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, citado por un juzgado madrileño para declarar por una presunta agresión sexual denunciada por una inspectora del cuerpo.
Según el relato judicial, los hechos se habrían producido en abril de 2025 en una vivienda oficial del Ministerio del Interior. La denunciante también sostiene que posteriormente sufrió presiones para no acudir a la justicia, extremo que ahora investiga el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para determinar si otros mandos conocían la situación.
El ministro compareció por primera vez tras conocerse el caso y aseguró que la información nunca llegó a su despacho. De haberla conocido —dijo— el cese se habría producido de inmediato. La renuncia del alto mando, afirmó, se decidió tras analizar la gravedad de la querella y para preservar el prestigio institucional del cuerpo.
Advertencia a la oposición
El titular de Interior respondió a las acusaciones del Partido Popular, que le responsabiliza políticamente por mantener en el cargo al mando policial. Marlaska fue tajante: denunciará a quien sugiera que encubrió los hechos.
En el Congreso elevó el tono: solo contemplará dimitir si la propia denunciante considera que no recibió protección por parte del ministerio.
El dirigente popular Alberto Núñez Feijóo acusó al Gobierno de haber protegido al comisario hasta que el asunto se hizo público y cuestionó que Interior ignorara lo ocurrido dentro de su propia cúpula. Otros portavoces populares reclamaron su cese inmediato.
Desde el Ejecutivo, en cambio, defendieron la actuación del ministro: sostienen que reaccionó en cuanto tuvo conocimiento formal de la investigación judicial.
Interior ha abierto diligencias internas para aclarar si hubo presiones dentro de la Policía y ya ha relevado de funciones a un comisario cercano al exDAO presuntamente implicado en esos contactos.
Marlaska, con pasado en la judicatura, reconoció sentirse “profundamente decepcionado” con quien fue uno de sus colaboradores de confianza. También admitió que, tras leer la querella, consideró inevitable la salida del mando por la gravedad de las acusaciones.
Una crisis política abierta
El caso ha derivado en un enfrentamiento político que trasciende lo judicial:
-La oposición exige responsabilidades políticas inmediatas.
-El Gobierno insiste en que la actuación fue correcta y ajustada a los protocolos.
-La continuidad del ministro queda condicionada, según sus propias palabras, a la valoración de la víctima.
Mientras la investigación judicial sigue su curso, el foco se desplaza ahora a determinar si existió conocimiento interno previo y si hubo intentos de silenciar la denuncia, un punto clave que puede marcar el alcance político definitivo del escándalo. @mundiario