La Ley de Memoria Democrática dispara la demanda de nacionalidad
La aplicación de la Ley de Memoria Democrática ha provocado un fenómeno sin precedentes en los consulados españoles. En apenas dos años, 2,3 millones de descendientes de exiliados y emigrantes se han acogido a la norma que permite recuperar la nacionalidad a quienes perdieron su vínculo con España por razones de persecución política, ideológica, religiosa o por orientación sexual. La cifra multiplica por más de cuatro la registrada en 2007 con la anterior Ley de Memoria Histórica, lo que ha desbordado por completo la capacidad de gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Según los datos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), más de un millón de expedientes ya están en tramitación. Aproximadamente la mitad han recibido resolución favorable, aunque muchos aún esperan la inscripción definitiva en el Registro Civil. Las denegaciones representan un porcentaje mínimo —menos del 2%—, síntoma de que la mayoría de solicitudes cumplen los requisitos. Pero el problema no es jurídico, sino logístico: otros 1,3 millones de aspirantes lograron pedir cita dentro del plazo, pero todavía no han podido acudir al consulado porque las agendas están completamente saturadas.
El cierre del plazo —prorrogado hasta el 21 de octubre— provocó un colapso especialmente intenso en los últimos meses. Para evitar que miles de personas quedaran excluidas, Exteriores flexibilizó la interpretación de la normativa y aceptó como válidas todas las solicitudes que pudieron registrarse digitalmente, aunque no haya aún fecha para entregar la documentación. No obstante, las previsiones que manejan fuentes del proceso son desalentadoras: al ritmo actual, algunas personas podrían esperar décadas antes de ver reconocida su nacionalidad, y los solicitantes de mayor edad quizá no lleguen a completar el trámite.
La concentración geográfica de la demanda explica parte del caos. Casi la mitad de las peticiones procede de Argentina, donde el consulado de Buenos Aires acumula alrededor de 645.000 expedientes, seguido por el de Córdoba, con 125.000. Les siguen La Habana (350.000), Ciudad de México (165.000), São Paulo (150.000), Miami (120.000) y Caracas (40.000). Las cifras superan con creces la capacidad operativa de unas oficinas que, en muchos casos, arrastran desde hace años problemas de personal e infraestructura.
La presidenta del CGCEE, Violeta Alonso, señala que la situación confirma la necesidad urgente de reforzar la red consular. Aunque el ministerio ha incorporado personal de refuerzo y ha creado puestos de cónsul adjunto en las demarcaciones más saturadas, Alonso advierte de que estas medidas son insuficientes y, sobre todo, temporales. Entre las soluciones propuestas figura la colaboración de los 7.000 registros civiles españoles para agilizar inscripciones, la contratación de personal específico para tareas técnicas o la externalización de procesos mecánicos como la digitalización de documentos.
La saturación provocada por la ley no solo afecta a la tramitación de la nacionalidad. Otros servicios esenciales —como la inscripción de nacimientos, matrimonios o defunciones de ciudadanos españoles residentes en el extranjero— también sufren retrasos relevantes. Y el problema está lejos de acabar: si finalmente se resuelven favorablemente los expedientes, el número de españoles en el exterior pasará de tres a cinco millones, lo que supondrá una presión aún mayor sobre una red consular que en muchos casos carece de espacio, personal o incluso condiciones básicas de seguridad.
La realidad de las instalaciones es, según informes recientes, preocupante. La Asociación de Diplomáticos Españoles alertó de que decenas de oficinas padecen deficiencias graves: falta de accesibilidad, ausencia de sistemas de protección contra incendios, edificios deteriorados e incluso incumplimiento de normas de seguridad laboral. Estos problemas han desembocado en incidentes como el ocurrido en el consulado de São Paulo, donde el desprendimiento de parte del techo hirió a un trabajador, lo que llevó al sindicato CSIF a reclamar el cierre inmediato del edificio por su estado “peligroso y negligentemente desatendido”.
Mientras cientos de miles de descendientes esperan que la administración avance en su expediente, el Gobierno defiende que ya se han puesto en marcha medidas de modernización, como la implantación del Número de Identidad Consular (NIC) o un plan de inversión de 115 millones de euros para renovar la red consular. Sin embargo, el reto sigue siendo titánico y, para muchos, profundamente emocional: obtener un documento que les reconecte con la historia de sus familias y con un país al que sus antepasados fueron obligados a renunciar. @mundiario