La justicia señala a Mazón por ocultar grabaciones de la dana de 2024
La jueza Nuria Ruiz Tobarra, del juzgado de Catarroja, ha determinado que los vídeos que el Gobierno valenciano de Carlos Mazón mantuvo ocultos durante casi un año son “relevantes” para esclarecer responsabilidades en la tragedia de la dana de octubre de 2024, que se cobró 229 vidas. No se trata de un detalle menor. En una crisis de semejante magnitud, cada minuto cuenta, y cada imagen puede ser clave para reconstruir una cadena de decisiones que, según la investigación, llegó demasiado tarde.
Lo que emerge de este episodio no es solo una cuestión judicial, sino una herida moral. Los vídeos –grabados por una productora contratada por la propia Generalitat– no son simples archivos técnicos. Representan la posibilidad de entender qué falló en la coordinación del Cecopi, el centro que gestionó la emergencia, y por qué el aviso masivo a los móviles, el famoso Es Alert, se envió tres horas después de que los cauces se desbordaran. Cuando el agua arrasa, el tiempo se convierte en una frontera entre la vida y la muerte.
La opacidad como reflejo institucional
El hecho de que estos materiales no fueran entregados al juzgado hasta once meses después plantea una pregunta que trasciende los despachos: ¿cómo es posible que un Gobierno oculte información de semejante valor en un caso de tal gravedad? La secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, negó la existencia de grabaciones y actas de la reunión clave. Hoy sabemos que eso no era cierto.
El silencio institucional no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que perpetúa una cultura política donde la transparencia se convierte en un gesto tardío, no en un principio rector. Las imágenes muestran, según el auto judicial, a los altos cargos del Consell coordinando las actuaciones mientras los municipios de la Ribera Alta y L’Horta se convertían en un mapa de lodo y desesperación. No se trata de ajustar cuentas, sino de asumir que el poder público debe rendir cuentas cuando la gestión de una tragedia se convierte en una sombra sobre la verdad.
Lecciones de una tormenta anunciada
El caso de la dana no es solo una investigación penal; es un espejo de cómo las administraciones enfrentan –o evaden– su responsabilidad. La justicia busca ahora determinar quién decidió qué y cuándo, pero la sociedad también debería preguntarse qué medidas se han adoptado para que un desastre así no vuelva a repetirse.
Más allá de los nombres y los partidos, lo que está en juego es la idea misma de servicio público. La gestión de emergencias no puede depender de la improvisación ni de la comunicación política. Requiere planificación, formación y, sobre todo, transparencia desde el primer minuto. Ocultar vídeos puede parecer una maniobra administrativa, pero en realidad equivale a esconder fragmentos de la verdad. Y sin verdad, no hay aprendizaje posible.
El agua se llevó vidas, hogares y certezas. Ahora, la justicia intenta rescatar algo más difícil de recuperar: la confianza. Si el poder político no aprende a responder con claridad, el barro de la opacidad seguirá cubriendo la memoria de quienes lo perdieron todo. @mundiario