Junts rescata al Gobierno en la votación nuclear, pero alimenta el desgaste del PSOE en Extremadura

La sesión en el Congreso ha sido un recordatorio de la fragilidad de la legislatura. Entre más de 100 enmiendas procedentes del Senado a la Ley de Movilidad Sostenible —pieza clave para desbloquear 10.000 millones en fondos europeos— dos concentraban toda la tensión: la supresión del calendario de cierre nuclear y la congelación de las tasas de Aena impulsadas por el PP.

El suspense se mantuvo hasta el final. Junts, que días atrás había certificado su ruptura con el PSOE, se convirtió en árbitro involuntario de la votación. La formación optó por abstenerse en la enmienda nuclear y votar en contra de la iniciativa sobre Aena. Resultado: ambas cayeron por un margen mínimo.

El gesto evita una derrota sonora para el Gobierno y frustra el intento del PP de exhibir una mayoría alternativa. Pero Junts insistió en que nada ha cambiado en su relación con el presidente Pedro Sánchez. La portavoz Míriam Nogueras advirtió al Ejecutivo de que si celebrar una “victoria” que considera efímera: “más grande será la derrota”.

Si en el Congreso el Gobierno respiró, en Extremadura la votación cayó como un jarro de agua fría. La planta de Almaraz es la mayor industria de la comunidad y genera unos 4.000 empleos directos e indirectos. Allí, el cierre previsto para 2027 es una cuestión central de la campaña electoral del 21 de diciembre.

El rechazo del PSOE a la prórroga de las nucleares —aunque guiado por su propio calendario energético— fue aprovechado de inmediato por el PP extremeño. Su candidata, María Guardiola, acusó a los socialistas de “traicionar a Extremadura”. El aspirante del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, trató de neutralizar el impacto prometiendo que Almaraz “no se cerrará”, pero la narrativa ya había calado: el PSOE extremeño votó en contra de la continuidad nuclear.

Consecuencias territoriales

La enmienda permitía a las empresas solicitar formalmente una extensión hasta 2030. Ahora, la decisión queda exclusivamente en manos del Consejo de Seguridad Nuclear, sin respaldo legislativo adicional.

La abstención de Junts ha tenido efectos también en su propio terreno. En Cataluña, casi el 60 % de la energía procede de las nucleares de Ascó, que tienen sus cierres programados para 2030 y 2031. El empresariado catalán demanda prolongar su vida, y la decisión de Junts generó inquietud en un sector que reclama seguridad energética.

La Generalitat Valenciana también mostró su malestar por la caída de la enmienda, considerando la decisión “un golpe a la soberanía energética” y alertando de sus implicaciones laborales en el entorno de la central de Cofrentes.

PP y PSOE miden fuerzas mientras el Gobierno evita un incendio mayor

El PP intentó aprovechar la coyuntura para tensar aún más al Gobierno, pero la pinza no salió como esperaba. Sus votos, junto a los de Vox y UPN, sumaron 171 frente a los 172 del bloque gubernamental, con los siete diputados de Junts como bisagra.

La derrota dejó a Feijóo sin la imagen que buscaba: un Ejecutivo en descomposición. Sin embargo, el contexto ofreció a los populares un argumento poderoso en campaña territorial, el de un PSOE que se posiciona contra la prórroga nuclear en un momento en el que las comunidades afectadas reclaman lo contrario. El debate energético, más allá de los efectos normativos reales de la enmienda, se convirtió así en un símbolo electoral.

El PP tampoco logró sacar adelante su propuesta de congelar las tasas de Aena entre 2027 y 2031, que había provocado inestabilidad bursátil y preocupación en el sector aéreo. Junts, junto al PNV, votó en contra, facilitando la derrota de una iniciativa que también habría condicionado la financiación de infraestructuras clave como la ampliación de El Prat.

Sí prosperaron, en cambio, enmiendas populares apoyadas por Junts, ERC y PNV que modifican los criterios de puntualidad de Renfe, así como mejoras para la España Vaciada en servicios de autobús.

Un caramelo envenenado y un equilibrio inestable para Sánchez

La jornada parlamentaria dejó al Gobierno dos realidades simultáneas: una victoria parlamentaria clara y un perjuicio político evidente.  Junts ha demostrado que, incluso en ruptura formal, conserva la capacidad de decidir el futuro legislativo inmediato. Y el PSOE ha comprobado que salvar votaciones clave puede no evitar daños en el tablero territorial.

La Ley de Movilidad Sostenible avanza, los fondos europeos se desbloquean y se evita alterar el cierre nuclear por vía legislativa. Pero el coste electoral en Extremadura —y las dudas energéticas en Cataluña y la Comunidad Valenciana— quedan como un escollo que el Gobierno tendrá que gestionar en un momento de máxima fragilidad.

En una legislatura sostenida por equilibrios milimétricos, la sesión de hoy ha dejado claro que cada votación puede convertirse en un arma arrojadiza dentro y fuera del hemiciclo. @mundiario