La jueza de la dana traslada al TSJCV que impute a Mazón, a quien achaca una “grosera negligencia”
La decisión de la titular del Juzgado de Instrucción de Catarroja supone un punto de inflexión en la investigación penal por la gestión de la dana que asoló la provincia de Valencia. Tras más de 15 meses de diligencias y más de 500 declaraciones entre testigos y peritos, la magistrada considera que la eventual responsabilidad no puede limitarse a los dos ex altos cargos ya investigados —la exconsejera Salomé Pradas y el exdirector general Emilio Argüeso—, sino que debe extenderse al entonces jefe del Ejecutivo autonómico.
Al ostentar Carlos Mazón la condición de aforado como diputado en Les Corts, solo el TSJCV puede asumir su eventual imputación. La exposición razonada, de 109 páginas, deja ahora en manos del alto tribunal tres posibles escenarios: asumir íntegramente la causa respecto al expresidente, pedir aclaraciones adicionales o rechazar la solicitud.
En su escrito, la jueza sostiene que la dana “no fue un fenómeno imprevisto”, subrayando que existían avisos meteorológicos previos, incluidos los emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que activó alerta roja el mismo día de la tragedia.
La magistrada aprecia indicios de una “presunta grosera negligencia” por parte de Mazón, a quien atribuye una “actitud pasiva” durante horas críticas de la emergencia. Según el relato judicial, el expresidente permaneció cerca de cinco horas en un reservado del restaurante El Ventorro mientras la situación se agravaba en distintos municipios. La instructora considera que esa ausencia de dirección efectiva pudo tener “repercusión mortal”.
Además, pone el foco en dos decisiones clave: la convocatoria tardía del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) y el retraso en el envío del sistema de alerta masiva a móviles (ES-Alert). Este último elemento constituye, a juicio de la magistrada, la base de la investigación, al entender que una notificación anterior podría haber mitigado el impacto en determinadas zonas.
La relevancia del aforamiento y el papel del TSJCV
El traslado al TSJCV no implica una imputación automática, sino la apertura de un análisis sobre la competencia y los indicios expuestos. El alto tribunal deberá valorar si los hechos descritos alcanzan la relevancia penal suficiente para investigar al expresidente por posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes.
La jueza destaca que ofreció en tres ocasiones a Mazón declarar voluntariamente como investigado, opción que el exmandatario rechazó. Este extremo, aunque no tiene consecuencias jurídicas directas, forma parte del contexto procesal que ahora examinará la Sala de lo Civil y Penal.
En las últimas semanas, la instrucción se ha intensificado tras las declaraciones de escoltas y del chófer del expresidente, que aportaron detalles sobre su agenda y desplazamientos el día de la tragedia. Según estas comparecencias, Mazón habría llegado al Palau de la Generalitat en torno a las 20.00 horas, y no antes de las 17.00 como se sostuvo inicialmente desde su entorno.
La magistrada también analiza mensajes de WhatsApp intercambiados entre altos cargos, incluyendo comunicaciones relativas al confinamiento y al contenido del ES-Alert. En su valoración, la instructora apunta a una posible falta de coordinación en la cúspide de la administración autonómica durante las horas decisivas.
La dimensión política y el principio de responsabilidad
La decisión judicial ha reactivado el debate político en la Comunidad Valenciana. Portavoces del PSPV-PSOE y de Compromís han reclamado responsabilidades políticas adicionales, mientras que el Partido Popular ha reiterado su respeto a las decisiones judiciales.
Más allá del cruce partidista, el núcleo del debate reside en la delimitación entre responsabilidad política y responsabilidad penal. La jueza subraya que la gestión de una emergencia de esta magnitud corresponde, en última instancia, a la máxima autoridad autonómica. Determinar si los hechos descritos constituyen imprudencia penalmente relevante será ahora tarea del TSJCV.
La tragedia del 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales y miles de afectados. La exposición razonada reconstruye algunos de los episodios más dramáticos, como el desbordamiento del barranco del Poyo, que inundó municipios como Paiporta o Catarroja.
La investigación no solo examina decisiones concretas, sino el funcionamiento del sistema de protección civil y los protocolos de coordinación en situaciones extremas. En este sentido, el procedimiento puede marcar un precedente sobre la exigencia de responsabilidad a altos cargos ante catástrofes naturales anunciadas.
El TSJCV tiene ahora la palabra. Su decisión determinará si el expresidente valenciano pasa a ser formalmente investigado y si la causa entra en una nueva fase procesal. En cualquier caso, el auto de la jueza introduce un debate de fondo sobre la gestión de emergencias, la rendición de cuentas y los estándares de diligencia exigibles a quienes ocupan la más alta responsabilidad institucional. @mundiario