La izquierda se divide en Castilla y León y afronta el riesgo de desaparecer de las Cortes

En las elecciones de 2022, la coalición Unidas Podemos logró un único procurador en las Cortes de Castilla y León. Cuatro años después, esa alianza se ha roto y ambas formaciones han optado por concurrir por separado. La candidatura impulsada por Izquierda Unida —integrada también el Movimiento Sumar y Verdes Equo— está encabezada por Juan Gascón, mientras que la lista de Podemos-Alianza Verde la lidera Miguel Ángel Llamas.

Ambos proyectos compiten ahora por un electorado similar en una comunidad donde el voto a la izquierda alternativa ha sido históricamente limitado. Las encuestas coinciden en que la única circunscripción donde existe alguna posibilidad de obtener representación es Valladolid, aunque incluso allí el resultado sigue siendo incierto.

A pesar de la separación electoral, los discursos de ambas candidaturas han coincidido en muchos de sus ejes programáticos. Durante los actos finales de campaña, tanto IU como Podemos han centrado sus intervenciones en la crítica a las políticas del Partido Popular y de Vox, en la denuncia de la despoblación rural y en la defensa de servicios públicos más robustos.

También han reivindicado avances sociales impulsados durante la legislatura nacional, como el aumento del salario mínimo o la gestión de los ERTE durante la pandemia, atribuyendo esos logros a la presión política ejercida por la izquierda alternativa dentro del Gobierno de coalición. En política internacional, ambas candidaturas han mostrado posiciones similares, incluyendo su rechazo a la guerra en Irán y su apoyo a posiciones pacifistas en la política exterior.

Un cierre de campaña con líderes nacionales

Los últimos actos electorales celebrados en Valladolid reflejaron el intento de ambas formaciones por movilizar a su electorado. En el caso de Podemos, el candidato Miguel Ángel Llamas estuvo acompañado por la secretaria general del partido, Ione Belarra, y por la exministra de Igualdad Irene Montero. La dirección nacional del partido ha participado activamente en la campaña, consciente de que el resultado tendrá consecuencias para la estrategia política del partido en futuras elecciones.

Por su parte, la candidatura de Izquierda Unida contó con el apoyo del portavoz del grupo en el Congreso, Enrique Santiago, y de dirigentes del espacio político vinculado a Sumar. Ambas campañas, aunque separadas, coincidieron en un objetivo común: convencer a los votantes progresistas de que su presencia en las Cortes autonómicas es necesaria para equilibrar el poder político en la comunidad.

La principal amenaza para este espacio político es la división del voto. Las encuestas sitúan a la candidatura vinculada a IU ligeramente por delante, con opciones de obtener un escaño en Valladolid. En cambio, Podemos aparece con una intención de voto considerablemente menor, lo que alimenta el temor a repetir el escenario de otras comunidades autónomas donde el partido ha perdido representación institucional.

La experiencia reciente refuerza esa preocupación. En las elecciones autonómicas de Aragón, la fragmentación de la izquierda alternativa ha reducido su peso parlamentario, excepto por la Chunta Aragonesista, porque IU salvó los muebles con un único escaño, mientras que los morados fueron barridos del Parlamento. El contraste más evidente se produjo en Extremadura, donde la candidatura unitaria logró mejorar resultados.

La estructura electoral de Castilla y León ha sido tradicionalmente adversa para los partidos pequeños. El sistema de circunscripciones provinciales y el peso del voto rural dificultan la obtención de escaños para formaciones con un apoyo electoral reducido o disperso. Además, el dominio histórico del Partido Popular —que gobierna la comunidad desde 1987— ha consolidado un sistema político en el que las alternativas a izquierda y derecha tienden a concentrarse en torno a los grandes partidos. @mundiario