La investigación por la dana apunta al círculo de Mazón: citados altos cargos y el dueño de El Ventorro
La investigación judicial sobre la dana que golpeó Valencia el 29 de octubre de 2024 continúan estrechando el foco sobre la cúpula política de la Generalitat en aquel momento. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que instruye el caso en Catarroja, ha ordenado la citación de seis altos cargos del Gobierno autonómico encabezado por Carlos Mazón, así como del dueño del restaurante El Ventorro, donde el expresident pasó horas durante el momento álgido de la emergencia.
Entre los llamados a declarar figura Juanfran Pérez Llorca, portavoz del PP en Les Corts y uno de los nombres que suenan para relevar a Mazón tras su dimisión. Su testimonio se considera relevante porque mantuvo varias comunicaciones con la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas —principal imputada en la causa— en los minutos en los que el agua ya desbordaba el barranco del Poyo y avanzaba devastadora por municipios como Paiporta y Catarroja, que sufrieron decenas de víctimas mortales.
También deberán comparecer José Manuel Cuenca, secretario autonómico de Presidencia y mano derecha de Mazón, así como otros altos responsables del Ejecutivo, entre ellos el director general de Comunicación, Francisco González. El objetivo es reconstruir el flujo de información que manejaba el núcleo del Consell mientras se desencadenaba la tragedia.
El citatorio al propietario de El Ventorro llega tras la declaración de la periodista Maribel Vilaplana, quien acompañó a Mazón en ese almuerzo. Vilaplana confirmó que el dueño del establecimiento entregó al president un sobre con documentos durante la comida y que este los firmó allí mismo. Esta revelación ha añadido presión sobre la investigación, ya que pretende determinar el grado de atención y reacción institucional durante las primeras horas del desastre.
Las nuevas diligencias responden a las peticiones de las acusaciones populares ejercidas por PSPV y Compromís, y coinciden con un movimiento clave de Acció Cultural del País Valencià. Esta entidad ha solicitado que se aclare si la Generalitat contaba con un sistema de alertas mediáticas que proporcionaba información en tiempo real y, en caso afirmativo, qué comunicaciones recibieron los altos mandos del Consell en la jornada de la catástrofe. Según su requerimiento, existían dos contratos con empresas encargadas de suministrar avisos sobre contenidos informativos en radio, televisión y prensa mediante mensajería instantánea.
La acusación reclama el detalle de esos contratos, el canal utilizado para transmitir los avisos y los destinatarios concretos. Además, pide acceso a los mensajes enviados entre el 28 y 29 de octubre para determinar qué datos tenía el Gobierno autonómico mientras se producía la riada que costó la vida a 229 personas y dejó una profunda huella en la Comunidad Valenciana.
Con estas citaciones y solicitudes, la causa entra en una fase decisiva: esclarecer si falló la respuesta institucional, si hubo negligencia en la gestión de la emergencia y qué papel desempeñó el entonces president en las horas críticas. Todo en un contexto político marcado por la salida de Mazón y el debate sobre responsabilidades que continúa dividiendo a la sociedad valenciana. @mundiario