El Gobierno dice que no fue un ciberataque, pero no aclara qué provocó el apagón

El gran apagón eléctrico que afectó a buena parte del sistema peninsular español el pasado 28 de abril sigue dejando más preguntas que respuestas. La ministra Sara Aagesen ha descartado en sede parlamentaria que Red Eléctrica Española (REE) fuese víctima de un ciberataque, una de las hipótesis más inquietantes barajadas en los primeros compases del incidente. “No se han hallado indicios de intromisión externa en el operador del sistema, y es una buena noticia”, aseguró la vicepresidenta tercera. Sin embargo, la investigación sigue su curso en niveles más bajos del engranaje eléctrico: centros de control de empresas generadoras e instalaciones de producción.

Descartado —por ahora— el ciberataque directo a REE, el Gobierno intenta transmitir tranquilidad, apelando al rigor y a la necesidad de no precipitar conclusiones. Aagesen recordó que en países como Estados Unidos, Canadá o Italia, las investigaciones de apagones similares han tardado hasta ocho meses en esclarecerse. Pero, más allá del tiempo necesario, lo cierto es que este episodio ha expuesto vulnerabilidades críticas en la infraestructura energética nacional, y ha encendido el debate político.

La oposición, especialmente desde el Partido Popular, ha exigido explicaciones inmediatas y responsabilidades políticas. La ministra ha respondido con una lógica serena, defendiendo que ningún juicio puede hacerse sin antes conocer los hechos con certeza. La comisión de investigación está en marcha y, según sus palabras, “no se puede actuar desde la hipótesis o la especulación”, sino desde los datos verificables. Esta postura, aunque razonable en términos técnicos, choca con la ansiedad política que genera un incidente de semejante envergadura.

Uno de los aspectos más relevantes abordados en el Congreso fue la posible relación entre el apagón y el calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares. Aagesen ha sido tajante: “Ambos procesos son independientes”. Ha recalcado que el cierre nuclear, pactado con las eléctricas, no está condicionado por lo ocurrido y solo se revisaría en caso de amenaza real a la garantía de suministro. La afirmación busca reforzar la credibilidad del proceso de transición energética, que el Gobierno considera crucial para la autonomía energética, la competitividad y la reindustrialización del país.

La ministra también aprovechó su comparecencia para subrayar la importancia de reforzar las interconexiones con Europa, especialmente con Francia y Portugal. “Cuanto más interconectado, más robusto es un sistema eléctrico”, afirmó. Esta visión está alineada con los planes de la Comisión Europea, que considera prioritario integrar de forma efectiva la península ibérica en la red continental.

Durante el proceso de recuperación tras el colapso, Aagesen detalló un cronograma exhaustivo que muestra la complejidad de restablecer el suministro. Desde las primeras “islas eléctricas” en Andalucía, Cataluña, el País Vasco y el entorno del Duero, hasta alcanzar el 100% del funcionamiento de las subestaciones a las 4 de la madrugada del día siguiente, el restablecimiento fue progresivo y técnicamente delicado. Este relato técnico, aunque preciso, puede resultar insuficiente ante una ciudadanía que necesita algo más que cifras: exige garantías de que algo así no volverá a ocurrir.

En el fondo del debate, late una pregunta de mayor calado: ¿es nuestro sistema eléctrico lo suficientemente resistente ante un entorno cada vez más interdependiente, digitalizado y sometido a tensiones geopolíticas? La apuesta del Gobierno por un modelo renovable y descentralizado es comprensible, e incluso necesaria. Pero ese modelo debe ir acompañado de una inversión real en ciberseguridad, redundancia tecnológica y una gestión integrada del riesgo.

Por otra parte, cabe señalar el tono constructivo pero firme de la ministra en su defensa del proceso de transición. “No se trata solo de sostenibilidad —ha dicho— sino de autonomía energética y precios competitivos”. Frente a la tentación de culpar a las renovables o utilizar el apagón como excusa para revertir compromisos climáticos, el Gobierno insiste en que la diversificación energética no es un problema, sino parte de la solución.

La gestión política de este episodio será clave. Si el Gobierno consigue mantener la transparencia informativa, evitar la confrontación estéril y aplicar medidas efectivas en función de las conclusiones técnicas, puede convertir una situación crítica en una oportunidad para fortalecer el sistema. Si, por el contrario, se deja arrastrar por la presión mediática o por intereses corporativos que buscan debilitar la hoja de ruta ecológica, el país corre el riesgo de retroceder años en materia de modernización energética.

El apagón del 28 de abril no ha sido únicamente una avería técnica: ha sido también un test de estrés institucional. Y como tal, requiere respuestas complejas, proporcionadas y, sobre todo, responsables. @mundiario