El Gobierno acorrala al PP con la regularización de migrantes en plena redefinición ideológica

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. / Partido Popular
A pocos días del congreso que marcará su nueva hoja de ruta, Génova se enfrenta a un dilema político de alto voltaje: pronunciarse sobre la regularización de más de medio millón de migrantes.

En política, los tiempos lo son todo. Y el PSOE lo sabe. Justo cuando el Partido Popular se prepara para redibujar su proyecto ideológico en un congreso clave, el Gobierno ha reactivado la tramitación de la iniciativa legislativa popular que plantea regularizar a más de 500.000 migrantes. Con este movimiento, el Ejecutivo no solo responde a una demanda social respaldada por más de 700.000 firmas, sino que además sitúa al principal partido de la oposición en el centro de una encrucijada que no esperaba resolver tan pronto.

El PP ha prometido que su congreso, anunciado hace apenas diez días, no rehuirá los debates incómodos. Pero uno de los más espinosos —la política migratoria— ha estallado antes de tiempo, sin que la dirección del partido tuviera margen para blindar una postura unificada. Ahora, los populares se ven forzados a pronunciarse sobre una regularización que despierta simpatías entre sectores clave de su electorado —como la Iglesia y Cáritas— pero que choca frontalmente con las exigencias de Vox, su potencial socio de gobierno.

Hace un año, el PP apoyó la admisión a trámite de la iniciativa migratoria, presionado por las organizaciones católicas que tradicionalmente han influido en sus postulados sociales. Pero respaldar la tramitación no es lo mismo que apoyar su aprobación. El problema es que el paso del tiempo ha reducido la zona de confort del partido. En los últimos meses, varios barones autonómicos del PP se han escorado hacia la derecha en su equilibrio de confrontar contra el PSOE y mantener el ritmo de los de Santiago Abascal negándose incluso a colaborar con el reparto de menores migrantes.

El dilema no puede ser más evidente. Si Alberto Núñez Feijóo quiere consolidar un perfil moderado, socialcristiano, en la línea de lo que defienden Cáritas y otros actores de su base tradicional, apoyar la regularización es el camino. Pero si su prioridad es no cerrarse la puerta a un eventual acuerdo con Vox —con quien compite por el voto conservador más duro—, entonces ese apoyo puede ser interpretado como una traición ideológica. En ambos casos, el precio político será alto.

Una encerrona para Génova

El argumento esgrimido por la dirección popular para mantener su ambigüedad —que el PSOE no ha aceptado sus enmiendas— pierde fuerza ahora que los socialistas han abierto la puerta a negociarlas. Si se alcanza un consenso en torno a requisitos como la ausencia de antecedentes penales o cierta integración laboral, el PP tendrá que dejar de escudarse en tecnicismos y definirse de forma inequívoca.

Feijóo, que concibe su congreso “en clave electoral”, sabe que este asunto puede marcar el perfil con el que su partido acuda a las próximas citas con las urnas. Y también el grado de dependencia futura con respecto a Vox. La regularización migratoria, más que un debate sobre extranjería, se ha convertido en un test de coherencia política. ¿Está el nuevo PP dispuesto a trazar su propio camino, o seguirá dejando que sus decisiones se vean condicionadas por las exigencias de Abascal?

En un contexto europeo en el que la migración se ha transformado en el caballo de batalla de la ultraderecha, la decisión del PP sobre esta iniciativa legislativa revelará si el partido busca alejarse de la sombra de Vox o si acepta resignadamente caminar junto a ella. El Gobierno ha colocado la pieza en el tablero. Ahora le toca al PP mover la suya. Y en política, no moverse también es una elección. @mundiario