La Fiscalía cuestiona el toque de queda en las comunidades

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
El Ministerio Público considera que la medida es muy restrictiva con difícil encaje sin estado de alarma. Aboga, en cambio, por los cierres territoriales locales.
La Fiscalía cuestiona el toque de queda en las comunidades

Tras acabar el estado de alarma el domingo pasado, varias comunidades en España ya han empezado a tomar acciones sobre cómo será la convivencia con la Covid-19. Es por eso que la fiscal general, Dolores Delgado, sostuvo una reunión este martes junto a 17 fiscales superiores para analizar las restricciones que habrán o no en los próximos meses.

Según El País, la fiscal Delgado le dijo a sus colegas de las fiscalías autonómicas que sí avalará los cierres de municipios pequeños o áreas sanitarias con alta incidencia del virus. En base a este anuncio, los fiscales autonómicos tendrán que estudiar las medidas solicitadas por la comunidad autónoma para ponerla en marcha sin que, eso sí, tenga alguna repercusión negativa a futuro.

"Los fiscales superiores actuarán con cierta autonomía, de forma que estudiarán cada petición y redactarán sus conclusiones, que serán compartidas con el fiscal de Sala de lo Contencioso del Supremo, Pedro Crespo, para garantizar una unidad de criterio mínima", señala el citado medio.

Los asistentes fueron los fiscales superiores, el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos; el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García; y fiscales especialistas en contencioso y constitucional. Con este grupo se analizaron tres medidas: el toque de queda, los confinamientos perimetrales y el límite a las reuniones sociales.

De los tres, el primero lo rechazan de plano en el Ministerio Público. Por eso, abogan por soluciones intermedias como adelantar el cierre de los lugares de ocio nocturno y controlar las concentraciones con las normas antibotellón vigentes en la mayoría de las comunidades.

La Fiscalía se inclina por oponerse, en principio, a los cierres territoriales generalizados de toda una comunidad, aunque por ahora ningún Gobierno regional lo ha solicitado. En cambio, sí apoyará los cierres de municipios pequeños o áreas sanitarias que presenten una alta incidencia del virus.

El Ministerio Público considera que esta decisión está cubierta por la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, que habilita a las autoridades sanitarias al control de las personas contagiadas y sus contactos, pero también, del medio ambiente inmediato. @mundiario

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