El fiscal general apunta al jefe de Gabinete de Ayuso para que declare como testigo ante el Supremo
La Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo, que investiga al fiscal general Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, que cite a declarar a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La petición se sustenta en que, según la Abogacía, existen indicios de que Rodríguez tuvo acceso al contenido de correos electrónicos filtrados, los cuales están en el centro de la investigación.
En un escrito al que ha tenido acceso el diario La Vanguardia, los servicios jurídicos del Estado destacan que Rodríguez podría arrojar luz sobre la difusión de estos correos, en los que se trataba un acuerdo entre el abogado de la pareja sentimental de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, y el fiscal que lo investiga por fraude fiscal. En el intercambio de correos, el abogado propuso el pago de una multa a cambio de archivar la denuncia por fraude fiscal, surgida tras una inspección de la Agencia Tributaria.
La Abogacía del Estado defiende que la primera filtración de estos correos fue realizada por Rodríguez, basándose en diversos artículos de prensa que aluden a su conocimiento previo del contenido. Además, el jefe de Gabinete de Ayuso publicó en la red social X (anteriormente Twitter) un mensaje donde sugería que la Fiscalía había recibido “órdenes de arriba” para no pactar con el abogado de González Amador, lo cual, según la Abogacía, constituye una “propagación de información manifiestamente falsa” sobre la actuación de la Fiscalía.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sostiene que no fue el responsable de la filtración y que algunos de los correos fueron publicados en medios antes de que él los recibiera. El diario El Mundo fue el primero en publicar parte de estos correos, presentando un contexto que, según García Ortiz, daba a entender erróneamente que el ofrecimiento de un pacto provenía de la Fiscalía y no del abogado de González Amador. Esta publicación inicial fue seguida de otras en distintos medios, donde se difundió el contenido completo de los correos.
Riesgo de filtración de información “sensible”
Además de la citación de Rodríguez, la Abogacía del Estado ha solicitado que el juez instructor Ángel Hurtado llame a declarar como testigos a ocho periodistas de medios que publicaron los correos, entre ellos El Mundo, La Sexta, la Cadena SER, Libertad Digital, Vozpopuli, El Diario y El Plural. La intención es verificar cuándo recibieron los correos y si accedieron a ellos antes de las 21.54 del 13 de marzo de 2024, momento en que García Ortiz los obtuvo. El escrito subraya que la Abogacía defiende el “escrupuloso respeto del derecho al secreto profesional”, pero considera que su testimonio puede ayudar a esclarecer la cadena de filtraciones.
En paralelo, la Abogacía ha solicitado que el juez suspenda el análisis de los dispositivos electrónicos incautados a García Ortiz, en espera de resolver recursos pendientes sobre el registro de su despacho. La defensa argumenta que la medida de volcado completo de estos dispositivos, realizada por la Unidad Central Operativa (UCO), es desproporcionada, ya que contienen información sensible sobre casos de todas las fiscalías de España, cuya filtración podría impactar la seguridad nacional.
El escrito advierte sobre el “elevado riesgo de filtración de información sensible” almacenada en los dispositivos del fiscal general, lo que supondría un “perjuicio irreparable”. La Abogacía subraya que el acceso a estos dispositivos podría revelar información de carácter personal y familiar de García Ortiz y defiende que la orden de volcado es una “extralimitación desproporcionada” que contraviene la jurisprudencia del Supremo, la cual limita estas medidas a casos con indicios sólidos.
Según el fiscal general, sus dispositivos contienen datos confidenciales sobre investigaciones sensibles, como casos de terrorismo yihadista, narcotráfico y crimen organizado, así como procedimientos relacionados con corrupción. De acuerdo con el escrito, se trata de información crítica para la relación de la Fiscalía con organismos internacionales y órganos del Estado, cuya filtración podría afectar gravemente a la integridad territorial y a la estabilidad institucional de España. @mundiario