El exministro Campo se abstendrá en el debate de la amnistía en el Constitucional
El magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, ha decidido abstenerse de la deliberación del órgano de garantías sobre la ley de amnistía. Según ha informado el tribunal este martes, el juez ha presentado un escrito al presidente, Cándido Conde-Pumpido, en el que le comunica su inhibición en la discusión sobre la medida de gracia para los imputados en el procés independentista catalán.
El juez sustenta su decisión en dos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y otros dos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecen como un motivo de abstención de un magistrado el tener un interés directo o indirecto en la causa analizada.
Sobre su caso, Campo fue ministro de Justicia del PSOE entre enero de 2020 y julio de 202, y ejerciendo ese cargo había sostenido que una amnistía que beneficiara a los encausados del procés sería inconstitucional.
De todas maneras, Campo es uno de los tres magistrados que el PP planeaba recusar en medio de la estrategia para diluir la mayoría progresista del Constitucional, dado que la oposición percibe que su fallo podría ser favorable a los intereses del Gobierno si al final los recursos contra la medida de gracia no prosperan. Pero la decisión de abstenerse no está vinculada a ese recurso, y el pleno deberá decidir si acepta la petición de Campo.
La estrategia de los populares
En un contexto que evoca la disputa política del Estatut en 2007, el Partido Popular (PP) se prepara para enfrentar una nueva batalla legal en torno a la amnistía ante el Tribunal Constitucional. Bajo la dirección de su líder, Alberto Núñez Feijóo, el PP ha anunciado un recurso contra la medida y ha confirmado la recusación de Campo y de los otros dos magistrados: Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal y Laura Díaz, ex alta funcionaria de La Moncloa, designada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La estrategia del PP parece replicar la táctica que, en su día, bajo la dirección de Federico Trillo, logró fracturar la mayoría progresista en el Tribunal Constitucional durante la revisión del Estatut. En esa ocasión, una serie de recusaciones exitosas y la alineación de Manuel Aragón Reyes, nombrado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la mayoría conservadora resultaron en una sentencia que alteró significativamente el texto del Estatut. Sin embargo, diversos sectores judiciales y políticos consideran que, en esta ocasión, el resultado será diferente.
Fuentes jurídicas indican que las recusaciones presentadas por el PP tienen escasas posibilidades de prosperar. Un auto de 2021, emitido bajo la presidencia del conservador Pedro González Trevijano, estableció una nueva doctrina que dificulta la aceptación de recusaciones, salvo en casos excepcionales, que se produjo en medio de la cascada de recursos del independentismo durante el procés. Este cambio doctrinal, que busca proteger la operatividad del Tribunal, será crucial para mantener la mayoría progresista frente al intento del PP de desestabilizarla.
La recusación oficial probablemente será rechazada, al igual que las demás, basándose en los argumentos del auto de 2021. Aunque algunos sectores progresistas sugieren que José Mario Macías, futuro miembro del Tribunal propuesto por el PP, también debería abstenerse por sus declaraciones contrarias a la amnistía, esto parece improbable, lo que ajustaría el equilibrio de fuerzas en el Tribunal.
El PP prepara sus recursos contra la amnistía
Feijóo, consciente de que el Tribunal podría desestimar el recurso de su partido, está preparando el terreno para una batalla política en otoño. Su objetivo es cuestionar la legitimidad de una posible sentencia favorable a la amnistía, concentrando sus críticas en el presidente del Tribunal, Conde-Pumpido, a quien ha convertido en el foco de sus ataques. Aunque Feijóo ha afirmado que acatará la sentencia del Tribunal, ha dejado claro que considerará problemático cualquier fallo en el que participen los magistrados recusados.
Mientras tanto, desde el Gobierno y los partidos de la mayoría consideran que el rechazo a la amnistía ha disminuido entre la ciudadanía en los últimos meses. Argumentan que la medida ha debilitado al independentismo, que ya no ostenta la mayoría en el Parlament, y que el procés es una cuestión cada vez más marginal. Estos actores están convencidos de que el PP perderá esta última batalla jurídica, y que el asunto pasará a un segundo plano en la agenda política sin el impacto negativo que se esperaba. @mundiario