Una estrategia caducada frente a un riesgo creciente: el talón de Aquiles energético de España

La reciente crisis eléctrica que sumió a España y parte de Portugal en la oscuridad durante horas ha servido como crudo recordatorio de que la seguridad energética no es una entelequia reservada a gabinetes técnicos, sino una piedra angular del funcionamiento del país. Sin embargo, y de forma alarmante, esta crisis ha puesto en evidencia que el país sigue rigiéndose por una Estrategia de Seguridad Energética Nacional de hace diez años, diseñada bajo parámetros que hoy resultan no solo anticuados, sino contraproducentes.

La estrategia vigente, aprobada en 2015 durante el mandato de Mariano Rajoy, se redactó en un contexto completamente diferente al actual: sin pandemia, sin guerra en Ucrania, sin transición energética en pleno auge, sin digitalización masiva del sistema y, sobre todo, sin la presión geopolítica que hoy marca la agenda energética internacional. Pese a que en 2020 el Consejo de Seguridad Nacional autorizó la elaboración de un nuevo plan, el proceso quedó encallado, y tres años después ni siquiera se ha aprobado oficialmente el borrador.

La consecuencia es clara: cuando llegó la hora de responder a una emergencia real, el Gobierno tuvo que recurrir a herramientas parciales, como el Plan de Preparación frente a las Crisis de Electricidad, un documento útil en lo operativo pero completamente insuficiente para abordar la dimensión integral del problema. Porque una crisis energética no solo se mide en megavatios no suministrados: afecta al transporte, la sanidad, la seguridad ciudadana, las telecomunicaciones y la economía en su conjunto. Y todo eso no se puede improvisar sobre la marcha.

Resulta incomprensible que, tras la invasión rusa de Ucrania y la instrumentalización del gas como arma de presión geopolítica, España no haya actualizado su estrategia energética nacional. Más aún cuando la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 ya advertía expresamente de la “vulnerabilidad energética” como riesgo sistémico. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Prácticamente nada. El proceso quedó sepultado por otras urgencias políticas y, una vez más, la estrategia sectorial quedó relegada a una promesa incumplida.

El caso es aún más grave si se considera que la estrategia de 2015 ya contenía advertencias que, con el tiempo, se han revelado premonitorias: alertaba sobre ciberataques, sobre la obsolescencia de las infraestructuras, sobre la necesidad de reforzar las interconexiones y sobre el impacto potencial de errores humanos o fallos técnicos en la operativa del sistema. No se puede alegar ignorancia. El problema no ha sido la falta de diagnóstico, sino la ausencia de voluntad política para actualizar el tratamiento.

Además, el enfoque de la estrategia vigente era, y sigue siendo, esencialmente preventivo, con medidas centradas en la resiliencia y la preparación previa al incidente, pero sin herramientas suficientes para afrontar sus consecuencias. Cuando el sistema colapsa —como ocurrió en este caso— la capacidad de respuesta global del Estado queda expuesta. Y eso no se corrige con comunicados de emergencia, sino con planificación de largo alcance.

El apagón de este mes debería marcar un antes y un después. No basta con activar un gabinete de crisis ni con felicitar la rapidez con la que se restableció el suministro. Las consecuencias sociales y económicas de una interrupción eléctrica de tal calibre —pasajeros varados, hospitales en riesgo, comunicaciones interrumpidas, incremento de la inseguridad— son demasiado graves como para no exigir una estrategia moderna, integrada y con recursos asignados.

Esa estrategia debe contemplar múltiples frentes: el refuerzo de las infraestructuras físicas, la mejora de la ciberseguridad, la cooperación público-privada, la formación de equipos de respuesta rápida, la actualización normativa y, sobre todo, una gobernanza centralizada y transparente. También debe atender los efectos de la transición energética, que no puede abordarse sin garantizar la estabilidad del sistema. Las energías renovables son clave, sí, pero exigen una arquitectura técnica y política capaz de sostener la volatilidad inherente a su producción.

Estamos, en definitiva, ante una situación que exige responsabilidad y visión de Estado. La seguridad energética no puede seguir siendo un capítulo olvidado en la agenda política. No cuando el sistema ha demostrado ser vulnerable, no cuando la ciudadanía ha comprobado que un fallo puede alterar su vida cotidiana de manera inmediata.

Es hora de pasar de las advertencias a los hechos. La Estrategia de Seguridad Energética Nacional debe actualizarse con urgencia, con criterios técnicos, consulta experta y rango normativo suficiente. No se trata solo de gestionar la próxima crisis; se trata de impedir que ocurra. Y, si llega, de tener un país preparado para afrontarla sin improvisaciones ni excusas. @mundiario