¿Van a desautorizar también al Tribunal de Cuentas?

Sede del Tribunal de Cuentas. / Twitter.
Sede del Tribunal de Cuentas. / Twitter.
¿"Pone piedras en el camino" un órgano constitucional que ejerce su función ordinaria independiente conforme a la ley?
¿Van a desautorizar también al Tribunal de Cuentas?

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, en una entrevista en la cadena Ser ha manifestado que las causas abiertas por el Tribunal de Cuentas contra ex altos cargos de la Generalitat dificultan los planes del Gobierno de desinflamar la tensión política en Cataluña. “Estas causas no dejan de ser piedras en este camino, pero sabíamos que estaban ahí”, afirmó el ministro, quien añadio “Nos corresponde ir desempedrando este camino dentro de la legalidad. Es la única forma. Claro que es más complicado desandar lo mal andado”.

¿Pone piedras en el camino un órgano constitucional que ejerce su función ordinaria conforme a la Ley? Como es sabido, es el órgano fiscalizador de las todas cuentas públicas del Estado y ahora reclama 5,4 millones de euros que se invirtieron en la promoción internacional del procés. En el punto de mira se encuentra el llamado “Diplocat”, el organismo creado al efecto de difundir las acciones del independentismo en el extranjero e implicó a varias consejerías del Govern durante el desafío soberanista. Las responsabilidades a ventilar alcanzan a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, al exvicepresidente y líder de ERC Oriol Junqueras y a los consejeros Raül Romeva (Exteriores) y Mas-Colell (Economía). La cuestión está en que, por lo que se refiere a los dirigentes del procés, indultados o escapados no pueden eludir este otro frente.

Los portavoces en el Congreso Gabriel Rufián, de ERC y Míriam Nogueras de Junts estiman que el expediente que se sigue en el Tribunal de Cuentas es “una persecución represiva”, cuyo funcionamiento debe modificarse si el presidente Sánchez quiere de verdad dar una solución política a lo de Cataluña. Lo insólito es que un miembro del Gobierno que para serlo ha jurado o prometido la Constitución, como Ábalos, haga unas equívocas manifestaciones sobre el propio funcionamiento ordinario de un órgano plenamente constitucional, de competencias claramente tasadas, para amoldarlo al interés político coyuntural. Menos mal que ante la “boutade” de Ábalo, el magistrado excedente y ministro de Interior, Grande Marlaska ha salvado la situación, afirmando que “cada institución hace lo que tiene que hacer”. Pero, ¿cómo va a despejar las piedras en el camino que dice Ábalos? Conviene recordar ahora la famosa sentencia de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien afirmó en su día que el dinero público no es de nadie.

Un órgano supremo fiscalizador

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público español, tal como establece la Constitución, y desarrolla la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (LOTCu) ​ y la Ley 7/1988, de 5 de abril de Funcionamiento del Tribunal (LFTCu).​ Ejerce el control externo de la actividad económico-financiera del sector público estatal, autonómico y local, así como de la contabilidad de los partidos políticos.

Es pues, un órgano fundamental del Estado, de enorme importancia dentro de un sistema democrático. Los miembros del mismo, los consejeros son designados por las Cortes Generales, a razón de seis por el Congreso y otros tantos por el Senado, mediante votación que precisa la mayoría de tres quintos de cada cámara. El mandato dura nueve años, por lo que no depende del poder político de cada momento, sino que goza de plena autonomía. Para ser elegido miembro de este órgano no cualquier. Han de ser titulados superiores y pertenecer a la magistratura, o ser fiscales, profesores de universidad, funcionarios de cuerpos superiores del Estado, abogados, economistas o profesores mercantiles de probada competencia y más de quince años de ejercicio profesional. Para ser elegibles deben comparecer ante la comisión de nombramientos de cada una de las cámaras y someterse al examen de diputados y senadores. Una vez electos, son independientes e inamovibles, salvo cese por incapacidad, incompatibilidad o responsabilidad disciplinaria; y están sujetos a las mismas causas de incapacidad, incompatibilidades y prohibiciones establecidas para los Jueces en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sus informes tienen carácter público y son carácter técnico y objetivo y se publican en el BOE. “El ejercicio de la función fiscalizadora refuerza la transparencia y la propia rendición de cuentas al conjunto de la sociedad, al tiempo que contribuye a la mejora de la gestión, propiciando la adopción de medidas por el propio órgano o sujeto fiscalizado, a partir de las recomendaciones formuladas en los Informes de fiscalización”.

¿Hacer esto es poner piedras al Gobierno? Conforme los artículos 136 y 153.d) de la Constitución, el Tribunal de Cuentas extiende su competencia a la totalidad del sector público español, lo que incluye a las comunidades autónomas y a las entidades locales, junto con todos sus organismos, entidades y empresas dependientes, en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto. es plenamente competente para la fiscalización permanente de la actividad económico-financiera del sector público y el enjuiciamiento “de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos”. Y eso no es poner piedras. @mundiario 

¿Van a desautorizar también al Tribunal de Cuentas?
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