España arde cada verano: el fracaso de la prevención y la política del parche

Cada verano, el país se enfrenta a la misma tragedia: montes convertidos en ceniza, pueblos desalojados y miles de hectáreas devastadas. Este año no es la excepción. El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de “zonas afectadas por una emergencia” para las áreas arrasadas por el fuego y las lluvias torrenciales. Sobre el papel, esta medida agiliza ayudas y exenciones fiscales. En la práctica, es un parche más en un problema que se repite con alarmante regularidad.

Mientras las llamas devoraban 600 hectáreas en menos de un día en Pobra do Brollón (Lugo) y obligaban a desalojar localidades en Zamora y León, la respuesta institucional volvía a apoyarse en la retórica: promesas de coordinación, futuros pactos de Estado y declaraciones solemnes. Los reyes visitarán las zonas afectadas, un gesto simbólico que reconforta, pero que no apaga el fuego ni previene el próximo.

El debate político: reproches en lugar de soluciones

En el Congreso, la catástrofe se ha convertido en munición electoral. Podemos acusa al PSOE de bloquear desde hace ocho años una ley de bomberos que garantizaría condiciones dignas para brigadistas, quienes siguen trabajando en un régimen precario y semiprivatizado. Belarra reclama que sean empleados públicos y señala a la derecha por los recortes en prevención: “mil plazas menos en dos años”.

El PP, por su parte, ha presentado un paquete de medidas que incluye la creación de un registro de pirómanos, una propuesta que Interior dice estar dispuesto a estudiar. Pero la iniciativa llega con aroma a improvisación, como una ocurrencia para salir del paso. Desde el PSOE, Patxi López responde con ironía, acusando a los populares de mirar hacia otro lado cuando los incendios arrasan sus comunidades y gobernar “para festejos” mientras el monte se convierte en pólvora.

El intercambio de acusaciones eclipsa lo esencial: ¿por qué seguimos afrontando los incendios como emergencias puntuales y no como la consecuencia lógica de un territorio abandonado? Mientras se discute quién lleva más culpa, los brigadistas siguen sin refuerzos, la ordenación forestal brilla por su ausencia y la despoblación rural convierte miles de hectáreas en material inflamable.

Una emergencia estructural: menos manos, más combustible

El problema no es nuevo. Galicia, Castilla y León o Asturias comparten un diagnóstico: envejecimiento poblacional, minifundio, abandono de tierras y falta de rentabilidad del monte. Con aldeas vacías, ¿quién limpia el bosque? ¿Quién mantiene las franjas de seguridad? Nadie. Y el resultado es un paisaje que acumula combustible natural, esperando una chispa, accidental o intencionada.

No es casualidad que las zonas más afectadas coincidan con las más despobladas. El monte se ha convertido en tierra de nadie, donde la prevención se fía a campañas puntuales y a la heroicidad de unos profesionales mal dotados y peor reconocidos. La política reacciona siempre tarde, cuando el humo ya cubre el horizonte.

¿Qué haría falta para cambiar el ciclo?

Un pacto de Estado real, no solo anunciado en rueda de prensa. Una ley que blinde los servicios de extinción y prevención, dotándolos de medios y estabilidad laboral. Una reordenación del territorio que combine gestión forestal profesionalizada, incentivos para el aprovechamiento sostenible y repoblación rural. Y, sobre todo, voluntad política para entender que la crisis climática no admite parches ni propaganda: exige visión de país.

Declarar zonas catastróficas es necesario, pero no suficiente. Es el equivalente a poner tiritas en una hemorragia. Si España quiere dejar de contar cada verano por hectáreas quemadas, debe asumir que el fuego no es una excepción, sino la consecuencia de un modelo territorial roto. Y reconstruirlo es la única vacuna contra el próximo desastre. @mundiario