La dimisión de García Ortiz profundiza la brecha entre Moncloa y el Poder Judicial
La jornada del lunes se saldó con la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien comunicó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, su voluntad de ser cesado por el Consejo de Ministros. La carta remitida al Gobierno, en la que asegura haber actuado siempre con “vocación de servicio público y lealtad institucional”, llega apenas cuatro días después de que el Tribunal Supremo lo condenara a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, junto a una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador.
El gesto de dimitir antes de que la sentencia se ejecute pretende, según el propio García Ortiz, proteger a la institución y mostrar su respeto por el Poder Judicial. Lo hace, además, sin esperar a conocer los fundamentos jurídicos completos del fallo, todavía pendientes de publicación.
El Gobierno prepara el relevo en plena tensión institucional
Aunque la renuncia ya ha sido presentada, su efecto será oficial únicamente cuando el Consejo de Ministros la acepte y aparezca en el BOE, algo previsto para este martes. Con la salida de García Ortiz, el Ejecutivo tendrá que designar al cuarto fiscal general desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018, una rotación que evidencia la fragilidad del puesto.
Mientras tanto, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, asumirá previsiblemente las funciones en calidad de número dos de la cúpula fiscal. Paradójicamente, Sánchez Conde actuó como fiscal del caso durante la investigación y el juicio, solicitando la absolución del hasta ahora fiscal general.
Desde el Gobierno, la figura de García Ortiz ha sido defendida con insistencia, y el propio presidente del Ejecutivo ha deslizado su malestar con la sentencia, sugiriendo que podría ser revisada por otras instancias como el Tribunal Constitucional o la justicia europea.
Un futuro incierto: ¿puede García Ortiz regresar a la carrera fiscal?
Tras su renuncia, García Ortiz podría solicitar su vuelta a la carrera fiscal, de la que salió al asumir la jefatura del Ministerio Público. Sin embargo, la condena abre un abanico de posibles interpretaciones jurídicas. La inhabilitación dictada por el Supremo afecta únicamente al cargo de fiscal general, pero el reglamento de la carrera fiscal contempla la expulsión cuando recae una condena por delito doloso o por inhabilitación para empleo público.
Esto obligará a la Inspección Fiscal a abrir un expediente para determinar si la pena conlleva su salida definitiva o si podría sustituirse por una suspensión temporal, una decisión que recaerá en el próximo fiscal general. La cuestión, lejos de estar cerrada, amenaza con prolongar la tensión interna en la Fiscalía.
García Ortiz había rechazado hasta ahora abandonar el cargo, argumentando que su permanencia era “lo menos gravoso” para la institución. En el juicio mantuvo su inocencia y negó tajantemente haber filtrado el correo electrónico en el centro de la causa. Sin embargo, la imposición de la inhabilitación hizo inviable su continuidad al frente del Ministerio Fiscal.
La sentencia del Supremo no es recurrible mediante vías ordinarias; únicamente cabe un incidente de nulidad, con escasas probabilidades de prosperar, y posteriormente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si considera vulnerados sus derechos fundamentales.
Una institución en busca de estabilidad
La salida de García Ortiz reabre el debate sobre la situación de una Fiscalía sometida en los últimos años a una agitación constante. El próximo titular deberá afrontar no solo la herencia política de una renuncia forzada por una condena penal, sino también el desafío de estabilizar una estructura que encadena relevos en un contexto de máxima sensibilidad judicial.
El Gobierno, que ya ha adelantado que el sucesor tendrá un perfil progresista y “fuerte”, deberá gestionar un nombramiento que combine solvencia técnica y autoridad institucional, en un momento en que cada gesto es escrutado al milímetro.
La renuncia del fiscal general, inevitable tras la sentencia del Supremo, se convierte así en un nuevo capítulo de una larga secuencia de tensiones entre la política y el sistema judicial, dejando en el aire no solo el futuro de García Ortiz, sino el del propio equilibrio institucional. @mundiario