El decreto antiapagón no sobrevive a la tormenta política del Congreso

Lo que debía ser un trámite urgente y de responsabilidad institucional para reforzar el sistema eléctrico español tras el apagón del pasado abril ha acabado convertido en una demostración de debilidad del Gobierno y de descomposición del bloque de investidura. El decreto antiapagón fue rechazado por 183 votos frente a 165, con una coalición de rechazos tan diversa como reveladora: PP, Vox, Junts, UPN, Podemos y BNG. El resultado no solo echa por tierra la norma propuesta por el Ministerio de Transición Ecológica, sino que dibuja un mapa parlamentario cada vez más volátil e impredecible.

La norma, más allá de su nombre técnico, pretendía responder a un problema real: reforzar un sistema eléctrico que evidenció su fragilidad hace apenas unos meses. Pero lo que ha fallado no es la conciencia de la necesidad de medidas, sino la arquitectura política para llevarlas adelante. El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a comprobar que la aritmética parlamentaria que le permitió ser investido es insuficiente cuando el vínculo con sus socios no se alimenta de diálogo constante, cesiones tangibles y compromisos políticos sostenidos.

Junts, que desde la investidura de Sánchez se ha erigido en árbitro de la gobernabilidad, ha vuelto a recordarle al Ejecutivo que su apoyo no es incondicional. “No somos un cheque en blanco”, zanjó Miriam Nogueras desde la tribuna, dejando claro que la amnistía no basta como cemento político si no va acompañada de avances en el terreno autonómico y económico. Su voto negativo, además, anticipa problemas para otras medidas clave, como el decreto de Hacienda que regula los recursos autonómicos.

Más significativa aún ha sido la negativa de Podemos, que por primera vez desde su salida del Gobierno rompe abiertamente con la línea legislativa del PSOE. El partido morado argumenta que el decreto no solo no ataja las causas del apagón, sino que consolida el poder del oligopolio energético sin imponerle contraprestaciones ni sanciones. Su diagnóstico entronca con una visión crítica del modelo de transición ecológica actual, al que acusan de ser funcional a los intereses empresariales más que al bien común.

Desde Galicia, el BNG se sumó a esa crítica con un alegato contra la concentración de poder en las grandes compañías y la ausencia de garantías ambientales. Para el diputado Néstor Rego, la norma favorecía un despliegue desregulado de renovables sin control social ni protección ecológica, lo que ahonda en una transición “insostenible y al servicio del capital”.

En el otro extremo, el PP jugó con los tiempos para maximizar el desgaste del Gobierno. Aunque fue el último en anunciar su voto negativo, ya había deslizado que no podía apoyar una norma que no derivaba en responsabilidades políticas por el apagón. Su estrategia pasa por consolidar el relato de un Ejecutivo frágil, reactivo y cada vez más aislado, mientras gana tiempo para presentar su propia propuesta de ley energética, construida desde las comunidades autónomas donde gobierna.

La ministra Sara Aagesen apeló al “sentido de Estado” y a la “altura de miras”, recordando que el decreto incorporaba buena parte del informe elaborado por expertos tras el apagón, así como aportaciones recogidas en semanas de diálogo con distintos grupos. Pero el esfuerzo, al parecer, llegó tarde y sin convencer a quienes más se habían alejado del Ejecutivo en los últimos meses.

Desde el Gobierno, la interpretación es que algunas de las negativas —en especial la de Podemos— tienen más que ver con el juego de reposicionamiento político que con el contenido técnico del decreto. Alegan, además, que las medidas propuestas contaban con el respaldo tanto de patronales como de organizaciones ecologistas como Greenpeace, algo que en otro tiempo habría sido considerado un aval suficiente. Pero en el clima político actual, ningún consenso técnico parece capaz de imponer su lógica frente a las fracturas ideológicas y tácticas del Parlamento.

Paradójicamente, el mismo pleno que sepultó el decreto antiapagón permitió al Gobierno salvar otra norma crucial: la relativa a las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, que sí recibió el apoyo del PP. Una muestra de que, cuando los intereses territoriales se imponen, la oposición puede actuar con pragmatismo. No obstante, esa aprobación no compensa el golpe político del decreto rechazado, que deja en suspenso inversiones en renovables valoradas en más de 3.000 millones de euros, según estimaciones del propio sector.

Lo ocurrido en el Congreso no es solo una derrota puntual. Es un síntoma de agotamiento de una mayoría que ya no responde ni a los gestos ni a los llamamientos abstractos a la responsabilidad. El Gobierno deberá elegir si reconstituye su bloque con más concesiones o si afronta el riesgo de una legislatura marcada por el desgaste continuo y el bloqueo intermitente.

La oposición, mientras tanto, se crece con cada tropiezo. Y los aliados, lejos de blindar al Ejecutivo, exigen con más contundencia resultados concretos. Si el apagón energético se ha evitado —al menos por ahora—, el político parece haberse consumado en esta sesión. La legislatura entra en una fase más incierta aún, donde cada voto será una partida y cada decreto, un campo de batalla. @mundiario